El anuncio de retenciones cero para las exportaciones de granos y derivados, con un cupo de USD 7.000 millones, se convirtió en un alivio fugaz: en apenas tres días hábiles el beneficio se agotó, dejando a miles de productores fuera de la ventana. Mientras algunos alcanzaron a vender con precios que rozaron los USD 362 la tonelada de soja, otros se encontraron con valores más bajos y la imposibilidad de cerrar operaciones a tiempo.

La noticia disparó una serie de reclamos y sospechas. En el campo apuntan contra los grandes exportadores, que registraron Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior sin tener la mercadería en mano, lo que podría derivar en compras posteriores a precios inferiores. El saldo, según advierten las entidades rurales, fue desigual: los más rápidos obtuvieron ventajas y la mayoría quedó a la expectativa, con dudas sobre cómo impactará esta jugada en el mercado de granos hacia adelante.

Un beneficio que duró horas

La medida, anunciada por el Gobierno con fecha límite al 31 de octubre o hasta agotar el cupo, quedó prácticamente sin efecto antes de terminar la primera semana. ARCA, el organismo de control, confirmó en la noche del miércoles que ya se había alcanzado el límite y daba por concluido el beneficio.

El dato sorprendió incluso a productores que estaban cerrando operaciones. El martes, el valor de la soja en Rosario alcanzó USD 362 la tonelada, pero en cuestión de horas bajó a USD 346 y, en algunos casos, directamente dejaron de concretarse ventas. La velocidad del agotamiento generó la sensación de un “efecto Puerta 12”: una multitud intentando aprovechar un espacio limitado y quedando atrapada en la salida.

Quiénes pudieron vender y quiénes quedaron afuera

Según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario, entre lunes y miércoles se negociaron o fijaron precios de 4,4 millones de toneladas. Sin embargo, el volumen asociado al cupo equivalía a unas 18 millones de toneladas, por lo que buena parte de las operaciones aún no se concretaron.

En la práctica, algunos productores lograron vender a valores competitivos en los primeros días, mientras otros quedaron marginados por la caída de precios o por la rapidez con la que los exportadores coparon la ventana fiscal. Las entidades del agro advierten que gran parte de las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) corresponden a entregas futuras, sin granos ya comprados, lo que profundiza el malestar.

Sospechas sobre los exportadores

El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, reclamó que los exportadores informen los precios a los que cerraron sus ventas. “Ese valor es el que deberían pagar para comprar lo que vendieron. Queremos que los productores sepan cuál es ese precio para no vender por debajo”, sostuvo.

Incluso detalló que algunos exportadores registraron ventas para cargar recién en mayo de 2026, lo que confirma que buena parte de la mercadería aún no fue adquirida. Esto alimentó la sospecha de que las cerealeras aprovecharon el beneficio fiscal para asegurar dólares inmediatos, mientras trasladan los riesgos y costos hacia los productores.

El trasfondo internacional

El episodio no pasó desapercibido en Washington. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, cuestionó el “tax holiday” aplicado en la Argentina al remarcar que perjudicaba a los agricultores estadounidenses, frenados por la disputa comercial entre Donald Trump y China. Pekín, en tanto, aceleró compras en Argentina aprovechando la ventana sin retenciones.

El Gobierno buscaba con la medida un flujo rápido de divisas en un contexto de reservas escasas y tensión cambiaria. El resultado fue inmediato: los dólares llegaron, pero el costo político y económico recayó sobre los productores que no pudieron capitalizar la medida en igualdad de condiciones.

El análisis de los especialistas

Para el consultor Gustavo López, de Agritrend, el precio de la soja en Rosario cerró en $450.000 la tonelada (unos USD 337), por debajo del valor esperado. “Hay un componente financiero relacionado con la prefinanciación y la tasa de endeudamiento de los exportadores, que trasladan al precio”, explicó.

Más crítico aún fue Carlos Etchepare, analista de Canal Rural, quien sostuvo que hubo un acuerdo previo entre el Gobierno y los exportadores. “Es muy burdo lo que pasó. Les dieron un beneficio a cambio de que traigan rápido los dólares, y como siempre, los productores terminaron perdiendo”, aseguró.

La ley que vuelve a escena

El debate también reactivó la vieja Ley 26.351, conocida como “Martínez Raymonda”. Esta norma de 2008 obliga a quienes registran ventas al exterior a demostrar la tenencia de los granos al momento de declarar. De no cumplir, deben tributar la alícuota vigente al momento de la exportación.

Con gran parte de la mercadería aún no adquirida, analistas del sector se preguntan si el Gobierno de Javier Milei aplicará esta legislación o permitirá que los exportadores se beneficien sin haber comprado los granos. La respuesta, aseguran, marcará el verdadero alcance de la medida.