Un nuevo escándalo sacude al Gobierno de España y deja al presidente Pedro Sánchez en su momento más crítico desde que asumió en 2018. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil emitió un informe que compromete directamente a Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE y uno de los hombres más cercanos al mandatario. La Justicia ya lo citó a declarar como imputado el próximo 25 de junio.

La reacción fue inmediata: el dirigente dejó su cargo en Ferraz y su banca en el Congreso. Pero la rapidez con la que se ejecutó el movimiento interno no alcanzó para contener la crisis. El informe no solo revela indicios de corrupción, sino que desarma el discurso de regeneración democrática que el PSOE enarboló desde la moción de censura contra Mariano Rajoy.

Sánchez gobierna con apoyos frágiles, y la revelación lo dejó aún más expuesto. El bloque de socios parlamentarios que sostiene al Ejecutivo se mostró incómodo y exigió explicaciones más contundentes que las dadas por el mandatario. Aunque los aliados —Sumar, ERC, Junts, PNV— prefieren evitar un gobierno de PP y Vox, no están dispuestos a dejar pasar el episodio sin consecuencias.

Sumar, debilitado por la presión de Podemos, necesita marcar distancia. ERC mantiene una lógica pragmática, pero endureció su tono público. Junts, con Carles Puigdemont a la cabeza, podría desequilibrar la balanza si decide romper con el Ejecutivo. El PNV, molesto con los desplantes de la derecha, mantiene una postura expectante, pero ya hizo sentir su descontento.

Cómo reaccionó la oposición y por qué no capitaliza la crisis

En teoría, este sería el momento ideal para que el Partido Popular avance sobre el Gobierno. Sin embargo, la falta de capacidad de Alberto Núñez Feijóo para tejer alianzas complica cualquier alternativa. Vox sigue siendo su único socio estable, pero al mismo tiempo es un repelente para cualquier fuerza nacionalista, lo que bloquea una mayoría viable.

Incluso en una situación de extrema debilidad para Sánchez, el PP aparece aislado. La reciente Conferencia de Presidentes, donde Isabel Díaz Ayuso se retiró al escuchar hablar en euskera, agravó la tensión con el PNV. El diario británico The Times resumió la situación con ironía: “La ventaja de Sánchez sigue siendo Feijóo”.

Más allá del escándalo, el Ejecutivo ya venía mostrando signos de fatiga. La imposibilidad de aprobar un presupuesto, la falta de avances en políticas clave como vivienda, y el creciente peso de las internas en el PSOE, habían frenado la iniciativa política del Gobierno. La legislatura, según analistas españoles, es la más improductiva de la era Sánchez.

Con esta nueva crisis, el escenario se agrava. El caso de Cerdán involucra no solo a un hombre fuerte del aparato, sino también a tramas económicas con nombres de peso como la empresa Acciona. La pregunta que retumba es clara: ¿Dónde está el dinero? La Justicia aún no pudo rastrear los fondos supuestamente desviados.

Cuál es el costo político para Sánchez y su entorno

La imagen del presidente quedó fuertemente golpeada. La aparición de su esposa, Begoña Gómez, y su hermano David Sánchez, en distintas investigaciones judiciales, ya había dañado la percepción pública sobre la integridad del entorno presidencial. Este nuevo escándalo parece haber cruzado una línea de no retorno.

A nivel interno, la tensión en el PSOE es creciente. El presidente deberá rendir cuentas no solo ante el Congreso, sino también ante sus propias filas, que quedaron bajo la conducción de un supuesto corrupto durante años. El mensaje de limpieza que alguna vez sostuvo la construcción política de Sánchez se ha desvanecido.

El calendario político juega en contra del presidente. Restan dos años para las elecciones generales, pero la presión para adelantar los comicios aumenta. Dirigentes como Emiliano García-Page ya reclamaron la convocatoria anticipada, mientras que otros prefieren esperar los movimientos judiciales antes de tomar una postura.

Sánchez intenta contener la crisis con un cambio de nombres y un discurso más duro contra la corrupción. Pero las preguntas siguen abiertas. Si se comprueba que hubo desvío de fondos públicos, y si la investigación escala a otros miembros del Ejecutivo, el proyecto político que inició con la moción de censura podría llegar a su fin.