La localidad salteña de Aguas Blancas, en la frontera con Bolivia, quedó en el centro de la escena luego de que la fiscalía detectara más de 2.000 inscripciones irregulares en su padrón electoral. El dato resulta escandaloso: mientras el censo de 2022 registró 3.648 habitantes, los padrones oficiales habilitan a votar a 5.736 personas, lo que representa un 57,2% más de electores que de residentes.

El informe, elaborado por el fiscal federal Ricardo Toranzos junto a su equipo, sostiene que el fenómeno se debe a ciudadanos bolivianos que gestionan documentación argentina en la localidad para acceder a beneficios sociales y, al mismo tiempo, quedar empadronados para votar. “Esto distorsiona la representación democrática y el uso de recursos estatales”, advirtió el reporte del Ministerio Público Fiscal.

Denuncias y antecedentes

El caso tuvo origen en 2023, cuando el dirigente político Santiago Alberdi denunció la práctica de los llamados “votos golondrina”. Según su testimonio, cientos de personas cruzaban el río Bermejo durante las elecciones para sufragar a cambio de dinero o favores políticos, amparados en trámites irregulares de residencia o nacionalidad.

La investigación posterior confirmó la existencia de “más de 3.000 electores en domicilios ambiguos” y recordó que, durante los comicios presidenciales de 2023, entre 300 y 400 personas habrían ingresado desde Bolivia en cada jornada electoral. Aunque el impacto a nivel nacional es marginal, en elecciones municipales podría ser decisivo.

Operativos y pruebas

Para robustecer las pruebas, esta semana se desplegó un operativo conjunto con 60 efectivos de la Policía de Salta y 40 de Gendarmería Nacional, bajo la supervisión del Ministerio de Seguridad provincial. Se realizaron relevamientos casa por casa y se incorporaron drones para verificar los domicilios declarados en el padrón.

El análisis urbano reveló incongruencias notorias. En la calle 20 de Febrero, de apenas 619 metros, figuran 793 votantes registrados, pese a que los relevamientos hallaron terrenos baldíos, hoteles y espacios verdes, además de inmuebles sin numeración. Situaciones similares se repiten en las calles 25 de Mayo, 9 de Julio, Rivadavia y Agua Blancas, donde el número de electores excede ampliamente la cantidad de viviendas efectivas.

Censo y padrón: números que no cierran

Los datos estadísticos dimensionan la irregularidad. Mientras la población creció un 52,3% entre 2010 y 2022, el padrón electoral lo hizo en un 74,6% en apenas una década, mucho más de lo esperable. Esa brecha expone un patrón de inscripciones irregulares que compromete la transparencia electoral de la zona.

La fiscalía ahora busca identificar a los posibles responsables de las maniobras y verificar si hubo uso de documentación apócrifa para validar inscripciones. El municipio, intervenido desde septiembre de 2024, avanza en un proceso de regularización catastral para asignar numeración oficial a los inmuebles, aunque la convocatoria a los vecinos para renovar sus DNI tuvo una respuesta escasa.