La Justicia de Estados Unidos ratificó el fallo sobre la expropiación de YPF, lo que obligará a Argentina a desembolsar una suma colosal al fondo de inversión Burford. La jueza Loretta Preska, de Nueva York, dictaminó que el país deberá abonar 16.099 millones de dólares por la decisión tomada en su momento por Cristina Kirchner y el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, de expropiar el 51% de las acciones de YPF que pertenecían a la petrolera española Repsol.

El anuncio de la estatización se realizó el 16 de abril de 2012, y a partir de ese momento se sucedieron una serie de acontecimientos que condujeron a este veredicto. La Vicepresidenta acusó a los fondos buitre de influir en los jueces para obtener fallos a su favor.

Una semana después de emitir su resolución inicial, la jueza Preska publicó la sentencia final sobre la expropiación de YPF. Este fallo obliga a Argentina a pagar más de 16.000 millones de dólares al fondo Burford por nacionalizar de manera indebida las acciones de la firma que pertenecían a Repsol y al grupo Eskenazi.

Una oferta de 5.000 millones de dólares

Argentina esperaba abonar no más de 5.000 millones de dólares, pero la sentencia fue notablemente más alta. La discrepancia radicó en el cálculo de intereses, que dependía de si se consideraba la irrupción de los funcionarios en YPF o la fecha en que la expropiación fue aprobada por el Congreso.

El gobierno argentino buscaba que la jueza Preska estableciera el 7 de mayo de 2012 como la fecha de expropiación, cuando se promulgó la ley. Así, la compensación se calcularía a partir de ese día, y se pretendía una tasa de interés del 0% anual retroactiva desde 2012 hasta 2023, lo que resultaría en cerca de 5.000 millones de dólares.

El fondo Burford, en cambio, argumentaba que la intervención de YPF se materializó el 16 de abril, cuando Kicillof, fue designado interventor de la empresa, desplazando a los asociados privados. Durante ese lapso, hasta el 7 de mayo, las acciones de YPF cayeron un 25%. Finalmente, la magistrada optó por la penalización más alta para nuestro país.

Argentina se reserva el derecho de apelación

Por su parte, Argentina dejó claro su compromiso de colaborar de buena fe con los pedidos de la justicia de Estados Unidos para determinar el monto de la fórmula establecida en el juicio por la nacionalización de YPF. Al mismo tiempo, reafirma su reserva de derecho para presentar una apelación contra la sentencia final en el caso.

Así lo expresó la defensa del Estado argentino a cargo del estudio de abogados Sullivan & Cromwell en una carta enviada a la jueza Preska. La misiva es una respuesta a una comunicación previa de los representantes del grupo Petersen y Eton Park, del estudio Kellog, Hansen y asociados, quienes acusaron al país de negarse a colaborar con los demandantes para preparar una presentación conjunta.

La defensa del Estado argentino dejó constancia de su desacuerdo con las cifras de daños establecidas y, además, expresó su discrepancia con las sentencias de responsabilidad del Tribunal. Asimismo, reitera su derecho de apelación, el cual deberá ser presentado formalmente en un plazo de 30 días.