La situación judicial del diputado nacional Emiliano Estrada (Unión por la Patria) entró en una fase crítica tras la solicitud de desafuero por parte del Juzgado Federal N°2 de Salta. El legislador salteño, alineado con La Cámpora, es investigado por su presunta participación en una red de fake news financiada con recursos del Estado y montada con empleados del Congreso. La investigación se encuentra atravesada por un conflicto de competencia entre juzgados nacionales y provinciales que ya escaló hasta la Corte Suprema.

El fiscal federal Carlos Amad impulsa la causa bajo la figura de peculado de servicios: Estrada habría utilizado recursos públicos para atacar a rivales políticos y empresarios. La jueza subrogante Mariela Giménez fue quien decidió remitir el pedido de desafuero a la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, tras la ausencia del diputado en la audiencia donde debía prestar declaración.

Sin fuero no hay protección

La Sala II de la Oficina Judicial salteña deberá definir si convalida o rechaza el planteo. Si se avala el desafuero, el pedido pasará a la Cámara de Diputados, bajo la presidencia de Martín Menem, y luego a la Comisión de Asuntos Constitucionales, encabezada por Nicolás Mayoraz (LLA). La votación en el recinto podría dejar a Estrada sin inmunidad parlamentaria a meses de terminar su mandato, previsto para diciembre de este año.

Desde la defensa, el abogado Jorge Javier Ovejero sostuvo que su cliente no se presentó por la falta de claridad en la competencia judicial del caso. Argumentó que una eventual imputación en medio de ese escenario perjudicaría el derecho a una defensa coherente. Pese a ello, el legislador tenía la posibilidad de comparecer ante el fiscal y optar por el silencio.

Una causa, tres jurisdicciones

El expediente que se tramita en Salta no es el único. Un segundo caso fue presentado ante el fuero federal de Comodoro Py, donde intervienen el fiscal Guillermo Marijuan y el juez Sebastián Casanello. Ambos solicitaron a sus pares salteños que se inhiban, al considerar que los hechos ocurrieron dentro del Congreso y, por tanto, su juzgado tiene competencia.

Pero también la Justicia provincial de Salta reclama jurisdicción. La jueza Claudia Puertas, del Juzgado de Garantías N°8, recibió parte del expediente luego de un juicio abreviado en el que dos asesores de Estrada admitieron haber montado una campaña de desinformación. Se los condenó a un año y cuatro meses de prisión condicional.

La controversia escaló y, ante la superposición de fueros, la jueza Giménez decidió activar el artículo 48 del Código Procesal Penal Federal y enviar el conflicto a la Corte Suprema. Ahora, será el máximo tribunal quien determine qué fuero debe continuar con la causa.

Los próximos pasos

El caso se encuentra actualmente en la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte, desde donde se podría elaborar un dictamen y dar traslado a la Procuración General para su opinión. El proceso no tiene plazos definidos, por lo que la resolución puede demorarse.

Mientras tanto, la causa sigue sumando volumen político y judicial: se investiga si las maniobras se financiaron con fondos públicos y si otros asesores o dirigentes estuvieron implicados. De confirmarse las sospechas, podría tratarse de un caso testigo sobre el uso de recursos del Estado en campañas de desinformación.