La Justicia Federal ordenó el embargo por casi 1.000 millones de pesos a la firma Hidroeléctrica Tucumán S.A, concesionaria del Complejo de Aprovechamiento Hidroeléctrico Celestino Gelsi. El juez federal José Manuel Díaz Vélez había trabado embargos sobre bienes automotores e inmuebles. Sin embargo, al verificar los bienes, el informe fue totalmente negativo. No obstante, la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls, apeló el falló. La funcionaria solicitó el embargo preventivo sobre los pagos que la compañía deba percibir de Cammesa. Esto se extendió a las cuentas, cajas de ahorro, certificados de depósitos en plazo fijo, títulos públicos, acciones y otros fondos o valores no monetarios y cajas de seguridad de titularidad de la empresa hidroeléctrica.

Los trabajos de reparación comenzaron el 16 de marzo de 2023. Estos se cortaron abruptamente el 20 de octubre tras la finalización del plazo original establecido en el contrato con la Unión Transitoria de Empresas Sabavisa S.A y Mercovial S.A. En ese lapso, las tareas de reparación de la presa lateral N°3 se paralizaron al 50%.

El gobierno tucumano no podía embargar a CAMESSA, debido a que la empresa  subconcesionaria de la hidroeléctrica no poseía bienes suficientes. Estos debían cubrir el millonario monto adeudado por trabajos inconclusos. Este situación fue dada a conocer semanas atrás, en el marco de la causa iniciada por la fiscalía de Estado en la Justicia Federal. Esta se llevó a cabo tras las graves filtraciones en la presa N° 3 del dique El Cadillal. Tras analizar el informe, se descubrió que la empresa solo tenía 25 autos en mal estado, distribuidos por el país. De este modo, sería imposible cobrar el monto requerido por la provincia.

La demanda

En la demanda presentada por Gilda Pedicone de Valls, titular de la Fiscalía de Estado, se detalló que “por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) Nº 1/8 del 17 de enero de 2023 se autorizó la reparación del dique El Cadillal, de manera que la Provincia asumió los trabajos, previa contratación en forma directa y cotejo de precios. El artículo 4º del DNU expresa: ‘El Poder Ejecutivo realizará todos los trámites y acciones tendientes al recupero de los fondos invertidos ante la empresa Hidroeléctrica de Tucumán SA y/o ante quien corresponda y al reclamo de los daños y perjuicios que pudiera generarse”, dice el texto.