El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, volvió a insistir en la intención del Gobierno de habilitar la importación de autos por parte de particulares, incluyendo unidades usadas. Lo hizo en una entrevista con Alejandro Fantino, donde aseguró que se busca «darle más libertad a la gente», y planteó la posibilidad de aplicar condiciones más flexibles que las actuales.

Sin embargo, a pesar del impulso oficial, la medida no podrá concretarse de forma inmediata. Desde el sector automotriz advierten que existen convenios internacionales y regulaciones locales que impiden este tipo de operaciones. Además, aún no hay resolución publicada en el Boletín Oficial que detalle los procedimientos técnicos y administrativos para habilitar las importaciones.

Uno de los principales obstáculos legales es el Acuerdo de Complementación Económica N.º 14 (ACE14), firmado entre Argentina y Brasil, que impide la importación de vehículos usados desde cualquier país fuera del Mercosur. El convenio, vigente hasta 2029, establece un arancel extrazona del 35% para cualquier unidad que no provenga de las terminales automotrices de la región.

Este arancel también aplica a modelos comprados en Chile o Paraguay, a pesar de tratarse de países vecinos, ya que no están incluidos en el acuerdo de libre comercio en los mismos términos. La normativa busca proteger la industria nacional y preservar la competitividad regional frente a mercados con menor carga impositiva.

La visión del sector automotor

Desde distintas terminales automotrices locales cuestionaron la viabilidad del proyecto y advirtieron sobre el impacto que podría tener en la producción nacional. Un informe de la Asociación de Fábricas de Autocomponentes (AFAC) destacó que el parque automotor argentino envejece año a año, y que para revertir esa tendencia se necesitaría una venta anual de 1,1 millones de unidades 0 km.

«Importar autos usados en un país con industria automotriz propia no es habitual. Genera más emisiones, mayor consumo de combustible y menos seguridad en los vehículos que circulan», advirtieron desde una terminal local.

Más allá del debate legal y productivo, los especialistas advierten que importar un auto no siempre resulta más barato. Según un importador consultado, los costos totales para traer un vehículo desde el exterior igualan o incluso superan los precios locales, salvo para modelos de nicho o alta gama que no se venden oficialmente en el país.

Además, esos vehículos podrían carecer de garantía, actualizaciones de software o service oficial, lo que implicaría riesgos para los compradores: «Eso es algo que muchos consumidores ignoran y que luego termina siendo un problema real», señaló un empresario del sector.

Regulación técnica: el otro cuello de botella

Para habilitar la importación de vehículos —ya sean nuevos o usados— se requiere una reglamentación técnica que aún no fue publicada. Según la Ley Nacional de Tránsito, deben cumplirse dos licencias: una de seguridad y otra de impacto ambiental. Sturzenegger afirmó que esos trámites serán desburocratizados, aunque todavía no hay precisiones sobre cómo se implementará.

«Si un auto funciona bien en Europa o Estados Unidos, debería funcionar también en Argentina», declaró el ministro. No obstante, desde el entorno oficial aclararon que la resolución correspondiente aún no fue publicada, y que tampoco estará disponible en el Boletín Oficial del lunes. Se espera que el texto se conozca recién la próxima semana.

La apertura a las importaciones de autos usados forma parte del discurso liberal del gobierno de Javier Milei, que busca ampliar las libertades individuales y reducir la intervención estatal. Sin embargo, esa orientación choca con los compromisos internacionales vigentes y con la realidad de la industria automotriz nacional.

Desde el sector productivo reconocen la intención de avanzar en la desregulación, pero advierten que cualquier medida que afecte la competitividad de la industria podría tener consecuencias negativas en empleo, seguridad vial y balanza comercial.