Organismos de Derechos Humanos preparan una serie de actividades al conmemorarse los 50 años del Operativo Independencia en la provincia de Tucumán. El 5 de febrero de 1975, iniciaba una de las etapas más oscuras del país, un plan sistemático de secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos que tuvo en un principio más de 800 víctimas. Con el apoyo de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), el Municipio de Tafí Viejo, la Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno de Tucumán y la Legislatura de Tucumán, familiares y víctimas del terrorismo de Estado junto a organizaciones sociales, políticas y culturales realizarán actos públicos e intervenciones artísticas en Famaillá, Santa Lucía, Tafí Viejo y San Miguel de Tucumán.

«En un contexto en el que el negacionismo es política de Estado, en el que se desarmaron y desarticularon políticas de memoria y derechos humanos y en el que el oficialismo impulsa un nuevo relato de la historia que reivindica los peores crímenes del Terrorismo de Estado, conmemorar el Operativo Independencia es seguir construyendo memoria y una historia crítica de nuestro pasado reciente», señalaron desde la coordinación. Los actos se realizarán en diferentes localidades y sitios significativos, generando espacios de memoria y reflexión abiertos a toda la comunidad.

Actividades

El miércoles 5 de febrero se realizará un acto público en la Escuelita de Famaillá, sitio donde funcionó el primer Centro Clandestino de Detención de la Argentina. La actividad incluirá música, muestras fotográficas y la palabra de familiares y sobrevivientes. El viernes 7 de febrero la sede será Tafí Viejo, donde la represión apuntó principalmente contra trabajadores de los Talleres Ferroviarios. El sábado 8  de febrero el epicentro será en la localidad de Santa Lucía donde el Ejército estableció una de sus bases de operaciones en el ex ingenio Santa Lucía, que había cerrado durante la dictadura de Onganía en 1966. 

Finalmente, el 17 de febrero la sede de la conmemoración será la puerta del Tribunal Oral Federal (TOF) de San Miguel de Tucumán, donde los organismos de derechos humanos, sobrevivientes y familiares de desaparecidos exigirán además que se fije fecha para el inicio de juicio contra los exdirectivos del Ingenio La Fronterita, acusados por la responsabilidad que tuvieron en delitos de lesa humanidad que se cometieron en esa fábrica. “Los sobrevivientes y familiares de víctimas se están muriendo sin justicia y los empresarios mueren impunes. Rechazamos este punto final biológico y exigimos que se realice el juicio”, reclaman los organismos.

Operativo Independencia

El 5 de febrero de 1975, la entonces presidenta María Estela Martínez de Perón firmó el decreto N° 261 que ordenaba la ocupación militar de Tucumán con el objetivo de “aniquilar” el accionar de los “elementos subversivos”. Días después, llegaron a la provincia alrededor de 5.000 efectivos del Ejército, Gendarmería y Policía Federal que militarizaron la provincia y pusieron en marcha una política sistemática de desaparición de personas.

El Operativo Independencia se publicitó como  una iniciativa contra la guerrilla rural del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), sin embargo, representó el inicio de un plan genocida dirigido contra militantes y simpatizantes de organizaciones políticas, sindicales, estudiantiles y religiosas. También atacó trabajadores azucareros y sus representaciones gremiales. Durante ese período, se registraron en Tucumán aproximadamente 80 espacios de detención clandestina, incluidos grandes centros como la Escuelita de Famaillá y las Bases Militares en el Ingenio La Fronterita, Ex Ingenio Lules y Ex Ingenio Santa Lucía y otros más pequeños. En estos sitios, más de 800 personas fueron secuestradas, torturadas y sometidas a violencia extrema.

El Operativo Independencia marcó un hito en la historia argentina porque dio inicio a la implementación sistemática de la desaparición forzada de personas y a la instalación de un sistema de centros clandestinos de detención. El reconocimiento histórico y social de estos hechos ha sido respaldado por los juicios por delitos de lesa humanidad llevados a cabo en la provincia, como las causas Operativo Independencia I y II, desarrolladas entre 2016 y 2020, que evidencian el alcance y la gravedad de los crímenes cometidos durante este período.