En el día de ayer un total de cinco personas fueron imputadas por el delito de intimidación pública relacionados a la oleada de falsas amenazas de bomba a instituciones educativas. Se dictaminaron embargos de $3 millones y prisión preventiva para los involucrados.

Entre tanto, el Ministerio Público Fiscal, decidió modificar el protocolo de actuación ante casos de la índole. Dicho protocolo fue creado en 2005 y no sufrió ninguna modificación desde la fecha. Estos cambios tienen el objetivo de evitar la suspensión de actividades por intimidaciones.

Según explicaron, los establecimientos que reciban amenazas entre las 23 y las 6 horas serán inspeccionados antes del horario de inicio de clases. Además, se designará un efectivo policial en los locales escolares de la capital para que observe si hubo alguna irregularidad.

Respecto al proceso de inspección se detalló que ante una amenaza los especialistas averiguarán si hubo alguna novedad con el encargado de custodiar el establecimiento. Si no hubo ninguna situación extraña, la inspección se desarrollará sin que los alumnos sean obligados a evacuar el establecimiento.

Por último, se estipuló que las autoridades del establecimiento deberán informar a la división Delitos Telemáticos de la novedad y en el acto comenzará la investigación. En las escuelas que no cuenten con custodia policial sí se realizará una evacuación para que se desarrolle la investigación.

Este nuevo protocolo se pondrá en marcha por los próximos 60 días y además se realizará una nueva reunión el 7 de septiembre para evaluar los resultados y determinar si se prolongará la implementación del nuevo procedimiento.