La Comisión Bicameral encargada de controlar la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes resolvió este miércoles finalizar el mandato de Marisa Graham, quien había prorrogado su función de manera unilateral en enero. La decisión, impulsada por el oficialismo y sectores de la oposición dialoguista, generó un vacío inmediato: el organismo quedó sin conducción formal y sin claridad sobre cómo seguirá funcionando.

La sesión fue presidida por la diputada radical Natalia Sarapura y estuvo marcada por acusaciones cruzadas, argumentos difusos y una votación que no zanjó las dudas legales sobre la validez del proceso. Aunque se dio por concluido el mandato de Graham, ninguna de las fuerzas políticas involucradas pudo explicar quién asumirá el cargo de forma interina.

Desde fines del año pasado, el oficialismo buscaba desplazar a Graham. El Gobierno demoró la conformación de la bicameral, una estrategia que contó con el respaldo implícito del Senado y de la vicepresidente Victoria Villarruel. En la mira estaban sus vínculos con el kirchnerismo, su rol durante el debate por la ley de interrupción voluntaria del embarazo y su conducción de la Defensoría, cuestionada por supuesta “colonización ideológica”.

La ley 26.061 establece que el cargo debe ocuparse mediante un concurso público, algo que recién se activará el 16 de junio próximo. A partir de esa fecha, se abre un plazo de 180 días para designar a una nueva autoridad, aunque podría prorrogarse. Hasta entonces, la Defensoría funcionará sin titular ni adjunto.

Detalles de la sesión

Durante la reunión, el diputado Nicolás Mayoraz defendió la decisión del oficialismo y acusó a Graham de “usurpadora”, mientras que la diputada Nadia Márquez protagonizó un áspero intercambio con el kirchnerismo. “Parecía una pelea entre camporistas. En un momento discutían por el pelo”, relató con ironía un asesor legislativo tras el encuentro.

El momento más delicado llegó con las advertencias del senador Pablo Bensusán. “¿Qué pasa mañana? ¿Quién se hace cargo de la Defensoría?”, preguntó. Alertó sobre la falta de fundamentos legales que respalden el traspaso de funciones y dejó asentado que cualquier medida adoptada sin respaldo normativo podría derivar en una denuncia por abuso de autoridad.

Desde el bloque kirchnerista también cuestionaron qué validez tendrán las resoluciones firmadas por Graham desde enero. La discusión quedó abierta, con el agregado de un cuarto intermedio propuesto por la senadora Mercedes Valenzuela para continuar el martes próximo.

Mientras tanto, organizaciones de la sociedad civil advirtieron sobre la parálisis del organismo y el riesgo de que el Gobierno asuma el control por decreto, algo que evitaría el debate legislativo y encendería nuevas tensiones institucionales.