La Inspección General de Justicia (IGJ) solicitó a la Fundación Faro, el think tank libertario que preside Agustín Laje, que detalle las donaciones recibidas durante 2024. El pedido se produjo después de que la organización presentara su balance contable anual y generó suspicacias dentro del sector cercano a Santiago Caputo. La situación volvió a exponer la tensión interna entre el asesor presidencial y el espacio referenciado en Karina Milei.

El organismo, presidido por Alejandro Ramírez, le dio a la fundación un plazo de diez días para informar quiénes realizaron los aportes, en qué fechas y por qué montos. La IGJ quedó bajo la órbita política del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, uno de los funcionarios alineados con la secretaria general de la Presidencia. Desde ese sector del Gobierno rechazaron cualquier lectura interna y sostuvieron que se trató de una vista contable habitual.

El pedido sobre las donaciones

La solicitud se realizó luego de que la Fundación Faro presentara ante la IGJ su balance correspondiente al ejercicio 2024. Según había revelado el medio Chequeado, la entidad declaró ingresos por unos $4.957 millones, equivalentes a cerca de USD 4,8 millones, en concepto de «donaciones, cursos, talleres y prevención». Ese dato surgió de la rendición de fondos presentada por la propia organización.

Fuentes cercanas a Mahiques y Ramírez explicaron que la fundación no habría incluido el «Anexo XIII», donde debe detallarse el origen de las donaciones. Según esa interpretación, el requerimiento responde al artículo 419 de la resolución N° 15/2024. Esa norma obliga a asociaciones civiles y fundaciones a presentar una declaración jurada sobre licitud y origen de fondos cuando reciben donaciones superiores a 40 salarios mínimos vitales y móviles en un período de 30 días.

La lectura del sector de Caputo

En el entorno de Santiago Caputo, el pedido fue recibido con malestar. Sus colaboradores interpretaron la decisión como un nuevo gesto de presión del sector de Karina Milei, que ganó peso en el área de Justicia tras los cambios recientes en el Gabinete. Desde ese espacio consideraron que los nuevos responsables del área deberían haber avisado antes de avanzar con una medida sobre una organización vinculada al universo libertario.

La situación no escaló públicamente, pero profundizó la desconfianza entre los distintos sectores del oficialismo. Cerca de Caputo plantearon que la fundación funciona como una usina de pensamiento del Gobierno y no como una estructura personal del asesor. En esa línea, remarcaron que la entidad busca acercar empresarios al proyecto presidencial y recaudar fondos para actividades políticas y culturales afines a Javier Milei.

El rol de Fundación Faro

La Fundación Faro fue presentada en sociedad en noviembre de 2024 durante una cena encabezada por Milei en el Yacht Club de Puerto Madero. El evento reunió a unos 400 invitados, entre empresarios, funcionarios, dirigentes e influencers libertarios. Varios de los asistentes realizaron aportes para participar de una actividad que buscó consolidar a la organización como referencia intelectual del oficialismo.

Entre los empresarios presentes estuvieron José Luis Manzano, Marcelo Mindlin, Claudio Belocopitt, Eduardo Elsztain, Gustavo Weiss, Mario Montoto y Eduardo Bastitta. En aquel lanzamiento, Laje prometió que la fundación impulsaría cursos para emprendedores, comunicadores y futuros líderes. Desde entonces, la entidad quedó asociada a la llamada batalla cultural del oficialismo.

La interna libertaria como trasfondo

El pedido de la IGJ llegó después de que Laje tomara posición en una discusión interna del oficialismo. El titular de la Fundación Faro se alineó con el sector de Caputo luego de que se acusara a Martín Menem, dirigente cercano a Karina Milei, de operar una cuenta anónima en redes sociales contra parte del Gobierno. Menem negó esa versión y el Presidente lo respaldó públicamente.

En ese contexto, Laje publicó un mensaje en X en el que cuestionó que se le mintiera al Presidente. «No solo es inaceptable desde el punto de vista moral, sino también peligroso desde el político. Lejos de proteger al poder, la mentira lo corroe desde adentro», escribió. La frase fue leída como una señal de alineamiento en medio de una interna que el Gobierno intenta contener.

El Gobierno intenta bajar el tono

Desde la IGJ insistieron en que el requerimiento no tiene motivaciones políticas y forma parte de los controles habituales sobre fundaciones y asociaciones civiles. También remarcaron que el pedido apunta a completar documentación contable exigida por la normativa vigente. La explicación oficial busca evitar que el episodio sea interpretado como una maniobra dentro de la disputa de poder libertaria.

Pese a esa aclaración, el episodio agregó ruido a la relación entre los sectores de Karina Milei y Santiago Caputo. La fundación deberá presentar el detalle de los aportantes dentro del plazo fijado por el organismo. El resultado de esa respuesta quedará bajo análisis administrativo y seguirá de cerca en una interna oficialista marcada por la desconfianza.