La Agencia de Recaudación y Control Aduanero resolvió exonerar a Ricardo Echegaray luego de que quedara habilitada la ejecución de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que le impuso la Justicia. La medida alcanza al extitular de la AFIP durante el gobierno de Cristina Kirchner, condenado por administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública. La decisión fue comunicada a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, que seguía las consecuencias administrativas del fallo.

La exoneración fue adoptada mediante una disposición administrativa firmada por ARCA, que informó el cumplimiento de la orden judicial derivada de la condena contra el exfuncionario. Según la documentación del expediente, el organismo entendió que correspondía hacer efectiva la inhabilitación especial perpetua y disponer su desvinculación definitiva de la estructura estatal. La medida no implicó una nueva investigación disciplinaria, sino la aplicación administrativa de una consecuencia ya fijada por la Justicia.

La condena que derivó en la exoneración

Echegaray fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 a cuatro años y ocho meses de prisión. El tribunal lo consideró autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública. Junto con la pena de prisión, los jueces le impusieron la inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública.

La situación administrativa del exjefe de la AFIP quedó definida después de que la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal declarara inadmisible el recurso extraordinario federal presentado por su defensa. Para ARCA, esa decisión dejó en condiciones de ejecución la sanción accesoria dictada en el fallo. El organismo también concluyó que no había recursos pendientes con efecto suspensivo que impidieran avanzar con la exoneración.

El expediente seguido por la PIA

La comunicación fue remitida a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, encabezada por el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez. El organismo había requerido información en el expediente PIA N° 32074, abierto para monitorear las consecuencias administrativas de la condena. En respuesta, ARCA notificó que había dictado el acto administrativo correspondiente.

El fundamento utilizado por el organismo recaudador surge del Régimen Disciplinario Unificado. Esa normativa establece que corresponde aplicar la exoneración cuando exista una pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para ejercer la función pública. Con esa interpretación, las áreas técnicas y jurídicas concluyeron que la administración debía ejecutar la consecuencia derivada de la sentencia judicial.

La causa Oil Combustibles

La condena contra Echegaray se dictó en el marco de la causa Oil Combustibles, vinculada a la empresa del Grupo Indalo controlada por Cristóbal López y Fabián De Sousa. La investigación analizó el mecanismo por el cual la compañía dejó de transferir al Estado el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles que cobraba a los consumidores. Según la acusación, esa deuda se sostuvo durante años mediante planes de facilidades de pago otorgados por la AFIP.

Los jueces consideraron que desde el organismo recaudador se permitieron condiciones irregulares que evitaron el cobro efectivo de una deuda multimillonaria. En ese contexto, atribuyeron responsabilidad penal a Echegaray por su intervención como titular de la AFIP. La condena fue revisada luego por la Cámara Federal de Casación Penal, que confirmó las responsabilidades atribuidas al exfuncionario.

Un exfuncionario clave del kirchnerismo

Echegaray estuvo al frente de la AFIP entre 2009 y 2015 y fue una de las figuras de mayor peso dentro de la política tributaria del kirchnerismo. Antes había conducido la Dirección General de Aduanas y la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario. Su paso por esos organismos lo convirtió en uno de los funcionarios con mayor influencia sobre la recaudación, el control fiscal y la relación del Estado con sectores económicos.

La exoneración implica la máxima sanción prevista dentro del régimen disciplinario aplicable al personal del organismo recaudador. En términos administrativos, supone la desvinculación definitiva de Echegaray y la ejecución de la inhabilitación perpetua para desempeñar cargos públicos. Con la notificación enviada a la PIA, ARCA dejó asentado que considera plenamente ejecutable la sanción impuesta por la Justicia.