El Gobierno nacional modificó el Régimen de Aduana en Factoría (RAF) para facilitar la importación temporal de insumos, partes y componentes destinados a la producción de bienes que luego serán exportados. La medida quedó formalizada a través del Decreto 252/2026 y apunta a que más empresas puedan acceder a ese esquema sin afrontar derechos de importación ni impuestos vinculados a esas compras del exterior.

Según explicaron fuentes oficiales, el cambio también alcanza a proveedores de firmas exportadoras, con la idea de extender el beneficio a más tramos de la cadena productiva. Hasta ahora, el régimen tenía un alcance mucho más acotado y estaba básicamente asociado a la industria automotriz. Con la reforma, el Ejecutivo busca abrirlo al resto de los sectores y reducir trabas para que más compañías lo utilicen.

Qué cambia con el nuevo esquema

El RAF permite importar insumos sin pagar tributos al ingreso cuando esos bienes se incorporan a un proceso productivo orientado a la exportación. Si el producto terminado se vende en el mercado interno, los impuestos deberán abonarse al final de la fabricación. Para el Gobierno, eso mejora el capital de trabajo de las empresas y les da más margen financiero para invertir o sostener operaciones.

Uno de los cambios centrales fue la eliminación de la garantía global única. En su lugar, las empresas podrán usar cualquiera de las garantías previstas por el Código Aduanero. Esa obligación era señalada por el sector como una barrera de entrada, porque implicaba una carga financiera que muchas firmas no podían afrontar con facilidad.

Menos trabas para entrar al régimen

El decreto también eliminó la exigencia de firmar actas-convenio con cámaras sectoriales para poder ingresar al RAF. Ese requisito previo, según el Gobierno, se había convertido en un obstáculo práctico para sumar nuevos operadores. La intención oficial es simplificar el acceso, modernizar el esquema y dar más flexibilidad a las empresas que producen para exportar.

Desde el Ejecutivo sostienen que el objetivo es mejorar la competitividad exportadora de la industria al quitar costos tributarios que encarecen el producto final. También remarcan que el diferimiento de pagos en los casos destinados al mercado interno puede ayudar al giro habitual del negocio en un escenario donde muchas empresas siguen operando con restricciones de actividad y financiamiento.

El cambio llega en un contexto de menor importación

La reforma aparece en un momento en que las importaciones vienen desacelerándose. Según datos del Indec, entre enero y febrero de 2026 totalizaron USD 10.231 millones, lo que representó una baja de 11,9% frente al mismo período de 2025, cuando habían sumado USD 11.617 millones.

Ese retroceso estuvo vinculado, entre otros factores, a una menor demanda interna, menor actividad fabril, caída en la compra de bienes de capital y una reducción en las importaciones de combustibles y bienes de consumo. En paralelo, las exportaciones mostraron una mejor performance y eso empujó el superávit comercial del primer bimestre desde USD 438 millones en 2025 hasta USD 2.977 millones este año.