El juez federal Ariel Lijo ordenó nuevas medidas de prueba para determinar si existieron contrataciones entre organismos del Estado nacional y empresas vinculadas a Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete Manuel Adorni. La decisión fue tomada a pedido del fiscal federal Carlos Stornelli, en el marco de otra denuncia que roza al funcionario.

La pesquisa busca establecer si hubo relaciones comerciales entre dependencias estatales y firmas que pudieran tener conexión con la consultora +Be, de la que Angeletti sería socia. Por ahora no hay imputados, pero el expediente abrió una línea de investigación sobre un eventual conflicto de interés entre la función pública de Adorni y actividades empresariales de su entorno familiar.

Qué documentación pidió Lijo

Entre las medidas dispuestas, el magistrado requirió copias completas de expedientes administrativos y documentos anexos vinculados a distintos procesos de contratación. Allí aparecen servicios de envío masivo de SMS, provisión de mensajería, herramientas de comunicación directa y seguimiento, implementación y soporte técnico de Jira y Confluence, correos transaccionales y también la concesión para la explotación comercial del predio de Tecnópolis.

La intención es reconstruir si en alguno de esos procesos participaron empresas que puedan estar relacionadas, de manera directa o indirecta, con el círculo empresarial investigado. Para eso, el juzgado empezó a pedir información detallada a distintos organismos del Estado.

Las empresas bajo análisis

Lijo también solicitó a la Inspección General de Justicia los legajos societarios completos de AREA TECH S.A., ATX S.A., MOVILGATE S.R.L., LUGALU S.A., EQUILA S.R.L., TSOFT INFORMÁTICA S.A.S. y TECNOSOFTWARE S.A. El objetivo es revisar su composición societaria y detectar posibles vínculos cruzados.

Además, la Oficina Nacional de Contrataciones deberá informar si DATCO S.A., National Shipping S.A. y FOGGIA GROUP S.A. registran contrataciones con el Estado nacional. En caso de que así sea, la Justicia pidió que se remitan todas las actuaciones vinculadas a esos procedimientos de adjudicación.

El foco de la denuncia

La causa se activó tras una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano. A partir de ese planteo, Stornelli pidió una batería de medidas para determinar si pudo existir algún proceso de simulación en contrataciones públicas o un conflicto de interés entre la órbita estatal y negocios privados ligados al entorno de Adorni.

Según el dictamen fiscal citado por Infobae, una de las hipótesis a revisar es si la consultora +Be tuvo como cliente al Grupo Datco, proveedor de servicios en distintas áreas del Estado. También aparecen mencionadas National Shipping S.A., señalada como contratista de YPF durante las últimas dos décadas, y el grupo Foggia, por la concesión del predio de Tecnópolis bajo la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado.

Una causa en etapa inicial

Por ahora, el expediente se mueve en una fase preliminar. La Justicia no avanzó sobre acusaciones formales, pero sí empezó a reunir documentación para reconstruir relaciones societarias, contratos y posibles nexos entre empresas privadas y áreas públicas.

La clave del caso pasará por determinar si esas firmas tuvieron participación en contrataciones estatales y, en ese escenario, si existió algún nexo comercial con la consultora vinculada a la esposa de Adorni. Con ese objetivo, Lijo abrió una nueva tanda de pedidos de informes que ahora deberán responder los organismos requeridos.