Administración Pública Provincial: programa de retiros voluntarios y jubilaciones
En la mañana de hoy, el gobernador, Osvaldo Jaldo, se refirió al Sistema de Retiro Voluntario Programado para la Administración Pública Provincial. Además, de la invitación a que accedan a la jubilación el personal que cuente con los requisitos previsionales. «Con estos proyectos de ley queremos poner equidad y justicia al sistema laboral»
En el marco de las políticas de ahorro fiscal y con el fin de que el personal estatal acceda a ingresos de trabajos en el sector privado, el gobernador dijo se presentaron dos proyectos de ley en la Legislatura. Su tratamiento normativo está destinado a impulsar el Retiro Voluntario Programado para agentes de la Administración Pública Provincial. A la vez, invitó al personal que cuente con los requisitos etarios y de aportes establecidos por la legislación previsional.
«El retiro voluntario permitirá a los empleados retirarse del servicio después de cuatro años, conservando su cargo pero liberando vacantes para nuevas contrataciones. Esta medida brinda flexibilidad a aquellos empleados cuyos salarios no satisfacen sus necesidades financieras, permitiéndoles buscar otras oportunidades laborales. Mientras mantienen ciertos beneficios, como la cobertura de la obra social y el aporte jubilatorio”, detalló Jaldo.
Asimismo, indicó que «se estima que esta medida generará un ahorro significativo para la provincia, de entre un 25% y un 30%. Ya que se continuarán cubriendo algunos costos asociados con los empleados que opten por el retiro voluntario».
Además, el Primer Mandatario manifestó que «se ha propuesto una segunda ley que busca abordar la situación de los empleados jubilados que continúan percibiendo un salario del Estado. Esta iniciativa busca garantizar una distribución más equitativa de los recursos y evitar que personas con ingresos adicionales sigan recibiendo sueldos estatales». Y agregó: «Ambas leyes están pendientes de aprobación por parte de la Legislatura Provincial. Se espera que, una vez sancionadas, estas medidas contribuyan a reducir el tamaño del Estado y a asignar recursos adicionales a áreas prioritarias como salud, seguridad y educación».