Federico Andrés “Fred” Machado, el empresario argentino vinculado a la campaña de José Luis Espert por el préstamo de aviones privados, se declaró culpable ante la justicia federal de Estados Unidos por conspiración para cometer lavado de dinero y fraude electrónico. El acuerdo judicial permitió que quedara fuera de la causa la acusación por narcotráfico, el cargo más delicado del expediente y el que había generado mayor impacto político en la Argentina.

La presentación fue realizada el 13 de mayo ante la Corte del Distrito Este de Texas y ahora deberá ser evaluada por el juez que interviene en el caso. El empresario, que hasta hace poco sostenía su inocencia y esperaba llegar a juicio oral con jurado, cambió de estrategia y aceptó admitir responsabilidad penal en dos delitos federales a cambio de desactivar la imputación por tráfico de cocaína.

Machado permanece detenido en una cárcel de Oklahoma desde hace seis meses, luego de haber sido extraditado desde la Argentina. Su nombre tomó relevancia pública cuando se conoció que había facilitado aeronaves para la campaña electoral de Espert, situación que derivó en una fuerte polémica política y en el posterior retiro del economista de la contienda electoral.

En medio del escándalo, el presidente Javier Milei salió a respaldar públicamente a José Luis Espert a través de redes sociales. El mandatario sostuvo que intentaron “destruir” la reputación del dirigente liberal y aseguró que fue víctima de una “operación política y mediática”. Milei destacó que la justicia estadounidense dejó sin efecto la acusación de narcotráfico contra Machado, aunque evitó mencionar que el empresario sí reconoció haber participado en maniobras de fraude y lavado de activos.

Según la documentación judicial presentada ante la corte estadounidense, Machado admitió haber integrado una estructura dedicada a concretar operaciones fraudulentas vinculadas con la venta de aeronaves comerciales. El expediente detalla que el empresario conspiró para realizar transferencias y comunicaciones interestatales e internacionales con el objetivo de ejecutar maniobras engañosas destinadas a obtener dinero mediante representaciones falsas.

La investigación sostiene que las operaciones se realizaban a través de las compañías South Aviation Inc y Pampa Aircraft Financing, ambas controladas por Machado en Florida. El esquema consistía en captar fondos de inversores interesados en adquirir aviones comerciales que, en realidad, no estaban disponibles para la venta porque pertenecían a aerolíneas internacionales o empresas privadas.

Entre los casos incluidos en la causa aparece una aeronave ubicada en China que pertenecía a una compañía privada y que era “invendible”, según reconoció el propio empresario en el acuerdo de culpabilidad. A pesar de esa situación, los fondos recibidos por parte de compradores fueron utilizados para otros fines, de acuerdo con la acusación.

El expediente también señala que Machado y otros involucrados engañaban tanto a compradores particulares como a entidades financieras mediante documentación y promesas falsas relacionadas con aeronaves comerciales. La justicia estadounidense sostiene que el empresario conocía el origen fraudulento de los fondos y aun así participó en movimientos financieros nacionales e internacionales para sostener el esquema.

Aunque el acuerdo dejó afuera el cargo por narcotráfico, los delitos que Machado aceptó todavía contemplan penas severas. La conspiración para lavado de dinero y el fraude electrónico pueden implicar condenas de hasta 20 años de prisión, además de multas millonarias y decomisos de bienes.

En la misma investigación ya fue condenada en 2023 Debra Lynn Mercer-Erwin, socia de Machado, quien recibió una pena de 16 años de cárcel por lavado de activos, fraude electrónico y narcotráfico. En el caso del empresario argentino, la defensa buscará que se contabilice el tiempo que ya pasó detenido tanto en Estados Unidos como durante la prisión domiciliaria que cumplió en Viedma antes de la extradición.