El Gobierno de Javier Milei prepara un decreto para destinar parte de lo recaudado por privatizaciones, concesiones, licitaciones y venta de activos estatales al reequipamiento y la modernización de las Fuerzas Armadas. La medida ya atravesó instancias técnicas y administrativas, y podría publicarse en los próximos días.

El esquema prevé que el 10% de los fondos obtenidos por futuras ventas de empresas públicas, concesiones y licitaciones estatales se asigne al área de Defensa. Además, el 70% de los recursos que ingresen por ventas o concesiones de bienes pertenecientes al Ejército, la Armada o la Fuerza Aérea volverá a esas mismas estructuras.

El objetivo del decreto

La Casa Rosada busca crear una fuente específica de financiamiento para recuperar capacidades militares después de años de restricciones presupuestarias. Hasta ahora, los recursos obtenidos por ventas o concesiones de activos estatales se destinaban al Tesoro Nacional. Con la nueva norma, una parte quedará direccionada a Defensa.

El proyecto fue impulsado por el ministro de Defensa, Carlos Presti, quien planteó la necesidad de contar con herramientas estables para sostener compras, obras de infraestructura y mejoras operativas. La iniciativa recibió observaciones favorables de Economía, Legal y Técnica y otras áreas del gabinete.

La medida alcanza al Ejército Argentino, la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina. El Gobierno considera que esas fuerzas necesitan recuperar equipamiento, infraestructura y capacidad de despliegue en un contexto internacional marcado por mayor competencia geopolítica, vigilancia de fronteras y control de espacios estratégicos.

Qué se podrá financiar

El decreto no estará limitado a la compra de armamento. También permitirá financiar obras consideradas críticas para el funcionamiento militar, como bases, hangares, arsenales, pistas aéreas, instalaciones logísticas, sistemas de comunicación y modernización edilicia en unidades distribuidas en el país.

Uno de los proyectos que aparece entre las prioridades es la base integrada en Tierra del Fuego. En el Gobierno la consideran una obra de valor geoestratégico por su ubicación en el extremo sur, su vínculo con la actividad antártica y su proyección sobre el Atlántico Sur.

La provincia quedó en el centro de la agenda militar por su cercanía con rutas marítimas sensibles, su conexión con la Antártida y su posición frente al área de Malvinas. La construcción de infraestructura en ese punto forma parte de los planes de mediano plazo.

F-16, Stryker y submarinos

La decisión llega después de una serie de movimientos que el Gobierno presenta como parte de una nueva política de Defensa. El caso más visible fue la compra de aviones F-16 Fighting Falcon a Dinamarca, una operación que busca devolverle a la Fuerza Aérea capacidad supersónica tras la salida de servicio de los Mirage.

La incorporación de esas aeronaves requiere inversiones complementarias en bases, simuladores, entrenamiento de pilotos, logística y mantenimiento especializado. Por eso, en Defensa remarcan que el financiamiento no puede limitarse al momento de la compra.

El Ejército, por su parte, avanzó con la incorporación de vehículos blindados Stryker provenientes de Estados Unidos. Esos equipos apuntan a mejorar movilidad táctica, protección y despliegue rápido, aunque también demandan renovación de comunicaciones, transporte y soporte terrestre.

La Armada mantiene como prioridad recuperar la capacidad submarina perdida tras la tragedia del ARA San Juan. La posibilidad de incorporar nuevos submarinos sigue bajo análisis técnico y financiero, con el foco puesto en patrullaje oceánico, disuasión, entrenamiento y presencia en el Atlántico Sur.

Privatizaciones y financiamiento militar

El mecanismo estará atado al programa de privatizaciones y concesiones que impulsa el Gobierno con respaldo de la Ley Bases. Ese proceso incluye empresas energéticas, operadoras de servicios, activos estatales y concesiones de infraestructura.

Una de las operaciones más recientes fue el avance sobre la venta de la participación estatal vinculada a Transener, una compañía clave dentro del sistema de transporte eléctrico. En el oficialismo creen que, si el cronograma avanza, los fondos destinados a Defensa podrían crecer durante los próximos años.

No habrá un monto inicial fijo. La disponibilidad dependerá del volumen de cada operación concretada. En el caso de bienes bajo órbita militar, el retorno del 70% de lo recaudado es leído dentro de las Fuerzas Armadas como una respuesta a un reclamo histórico: evitar que la venta de activos termine en una descapitalización sin reinversión.

El desafío de sostener las compras

En la Casa Rosada sostienen que el ajuste del gasto público debe convivir con una reasignación hacia áreas consideradas prioritarias, entre ellas seguridad, defensa, inteligencia estratégica e infraestructura crítica.

Fuentes oficiales advirtieron que el principal desafío será la ejecución. Los sistemas militares complejos exigen fondos para la adquisición inicial, pero también para repuestos, capacitación, mantenimiento, actualización tecnológica y personal especializado.

Ese fue uno de los puntos débiles de programas anteriores, cuando distintas administraciones anunciaron compras que luego encontraron límites para sostenerse en el tiempo. Con el decreto, el Gobierno busca abrir una fuente de recursos más estable y ligada al proceso de reducción de la presencia empresarial del Estado.

Si se publica en los próximos días, la medida se convertirá en una de las decisiones más importantes de la gestión libertaria en materia militar y en una señal directa hacia un sector que reclama inversión y planificación de largo plazo.