Una transferencia bancaria que la víctima no solía manejar se convirtió en una pieza clave en la investigación por el crimen de Érika Antonella Álvarez, de 25 años, y reforzaría la hipótesis de un posible trasfondo vinculado al narcotráfico. La Justicia analiza un ingreso de dinero inusual en su cuenta, mientras la querella sostiene que el monto no tendría relación con una apuesta deportiva, como ella le había dicho a su madre.

Según explicó Carlos Garmendia, abogado de la familia, ese movimiento financiero podría confirmar la “línea narco” dentro de la causa en la que está procesado Felipe Sosa. Allegados a la joven señalaron que cuando ganaba apuestas solía enviar capturas de pantalla como prueba, algo que esta vez no ocurrió, lo que generó sospechas sobre el verdadero origen de los fondos. Para los investigadores, el dinero podría estar vinculado a la comercialización de estupefacientes.

En el expediente aparece reiteradamente un hombre identificado como “Carlos” o “El Paraguayo”, señalado como un presunto narco extranjero con pedido de captura internacional y vinculado a vuelos de avionetas con droga. Testigos sostienen que este sujeto tenía relación con Érika, le prestaba una casa en El Cadillal y habría sido quien la presentó a Sosa. Existen versiones contrapuestas: una indica que le daba marihuana para que la vendiera y subsistiera; otra, que intentaba alejarla del consumo. La defensa de Sosa pidió que se investigue a este hombre como posible autor del crimen, mientras el fiscal Carlos Picón cuestionó que se introduzcan teorías “de película”, aunque mantiene abiertas distintas líneas.

La declaración de Milena Álvarez, hermana de la víctima, aportó más elementos a la hipótesis narco. Ante la jefa de Homicidios, Susana Montero, relató que Érika frecuentaba a Sosa desde hacía dos años y lo describía como “un hombre feo, con cara de loco”. También afirmó que su hermana le contó que Sosa distribuía éxtasis en fiestas electrónicas y que en su casa de Yerba Buena había “muchas pastillas” y “un montón de armas”. Los investigadores analizan si “Carlos” podría ser el proveedor de esas sustancias.

Sosa ya había tenido antecedentes vinculados a drogas. En junio de 2023, durante un proceso de divorcio, hallaron en su vivienda 36 plantas de marihuana, con capacidad de producir hasta 30 kilos. Él alegó tener permiso del REPROCANN y producir para terceros, por lo que fue sobreseído. En la audiencia por el crimen, admitió ser consumidor social.

En paralelo, el caso tomó dimensión política. El gobernador Osvaldo Jaldo instó a la familia a aportar nombres para que “caigan todos los responsables”, mientras el entorno de la víctima sostiene que el asesinato buscó silenciarla. “A ella la silenciaron, vio o sabía algo que no debía”, afirmó su hermano. Milena fue tajante: “Esto recién comienza, hay mucha gente involucrada”.