El juez Alejandro Marianello, conocido por haber ordenado la censura de audios de Karina Milei en septiembre pasado, presentó una demanda para que se prohíba la difusión de información sobre los expedientes en los que es investigado por acoso sexual y laboral.

Sin embargo, la Cámara Civil rechazó su planteo al considerar que aceptar la medida “importaría una limitación al derecho a la información y a la libertad de expresión”, reafirmando los principios constitucionales que protegen la difusión de hechos de interés público.

Intento de censura y rechazo judicial

Marianello, titular del Juzgado Civil y Comercial Federal N°5, había solicitado “el cese inmediato de toda difusión” de contenidos que calificó como “injuriosos y agraviante”, incluyendo publicaciones en redes sociales, medios digitales y carteles.

El pedido surgió tras una serie de afiches colocados por el sindicato Asociación de Judiciales, que hacía referencia a las causas por las que el magistrado es investigado en el Consejo de la Magistratura de la Nación. Pese a la insistencia del juez, la Cámara resolvió que “una prohibición de este tipo no puede admitirse en una sociedad democrática”.

Antecedentes del magistrado

Marianello había sido cuestionado previamente por dictar una medida cautelar que prohibió la difusión de audios de Karina Milei grabados en la Casa Rosada. En aquel momento, el juez justificó su fallo por la “especial sensibilidad de los intereses estatales comprometidos”. Aunque la medida fue levantada luego de que la hermana del presidente desistiera de la denuncia.

Esa resolución fue duramente criticada por organizaciones periodísticas y la Coalición Cívica, que incluso promovió un pedido de juicio político en su contra por censura.

Investigaciones por acoso y abuso de poder

El magistrado enfrenta múltiples expedientes en el Consejo de la Magistratura por presunto acoso y abuso sexual a empleadas judiciales, abuso de poder, retardo en resolver causas y desvío de fondos hacia una organización que él preside.

El sindicato judicial denunció estas causas mediante afiches colocados en el edificio del Consejo y del propio juzgado, además de publicaciones en redes sociales. Fue precisamente esa campaña la que motivó al juez a presentar su reclamo judicial.

La defensa del derecho a informar

En su demanda, Marianello argumentó que se trataba de una “campaña difamatoria” que afectaba su honor y la independencia de su función judicial. Pidió la remoción de los afiches y la prohibición de futuras publicaciones que hicieran referencia a su nombre.

La Sala D de la Cámara Civil, integrada por los jueces Gabriel Rolleri, Maximiliano Caia y Juan Manuel Converset, rechazó el recurso y recordó que “la libertad de expresión es la piedra angular de la existencia misma de una sociedad democrática”.

Fundamentos del fallo

El tribunal sostuvo que no existían pruebas de un daño inminente ni de un interés legítimo que justificara la medida. Además, señaló que “cuando lo publicado se relaciona con funcionarios públicos o asuntos de interés público, el derecho al honor cede ante el de información”.

Los camaristas concluyeron que “aunque las manifestaciones vertidas sean severas, no pueden prohibirse en contextos de público conocimiento”. Reafirmando así la protección constitucional frente a cualquier intento de censura.