La Cámara de Diputados de la Nación constituyó la Comisión Especial de Seguimiento e Investigación sobre el fentanilo contaminado, una herramienta con atribuciones excepcionales que permitirá indagar en detalle la circulación de medicamentos adulterados. La decisión responde a la crisis sanitaria generada por la detección de opioides contaminados en distintas jurisdicciones, un episodio que dejó casi un centenar de víctimas fatales y expuso graves fallas en los sistemas de control.

El nuevo organismo tendrá como misión investigar los casos confirmados, probables y sospechosos vinculados con el fentanilo adulterado, analizando fecha de síntomas, jurisdicción, institución y estado clínico. Además, recopilará información sobre los protocolos aplicados por el Ministerio de Salud y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), revisará la habilitación de laboratorios involucrados y evaluará la eficacia del sistema de trazabilidad de medicamentos.

Facultades y limitaciones de la comisión

Entre sus atribuciones, la comisión podrá requerir informes a entidades públicas y privadas, ordenar peritajes a universidades e instituciones científicas, convocar a funcionarios y especialistas a declarar, recibir denuncias y difundir públicamente los avances de la investigación, garantizando la identidad de los testigos cuando corresponda. También tendrá facultad para recurrir al Poder Judicial con el objetivo de denunciar irregularidades y solicitar la remoción de funcionarios por mal desempeño.

Sin embargo, el proyecto aprobado aclara que la comisión no podrá librar órdenes de allanamiento ni secuestro de documentación sin intervención judicial. Esa propuesta, defendida por la diputada kirchnerista Victoria Tolosa Paz, no reunió consensos. Finalmente, la conformación se aprobó en la sesión por unanimidad y a mano alzada.

La comisión estará integrada por 31 diputados nacionales designados por los distintos bloques en proporción a su representación parlamentaria. Su mandato se extenderá hasta el 9 de diciembre de 2025 y se prevé la elección de una presidencia, vicepresidencia y secretaría entre los miembros.

La investigación sobre los laboratorios

La crisis sanitaria estalló tras confirmarse que el fentanilo distribuido por HLB Pharma Group SA, propiedad de Ariel García Furfaro, estaba contaminado con bacterias. La investigación judicial a cargo del juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, ya acumula 17 imputados, seis de ellos detenidos, y busca determinar responsabilidades en la cadena de producción y distribución.

Los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A. aparecen en el centro de las sospechas, señalados por irregularidades en el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura. Paralelamente, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) revisa documentación incautada en busca de sobreprecios y anomalías en compras públicas, mientras que peritos trabajan sobre servidores y dispositivos electrónicos para reconstruir los mecanismos de comercialización.

La comisión parlamentaria también indagará en la posible participación de organismos de control y autoridades sanitarias, tanto nacionales como provinciales, que podrían haber omitido advertencias o demorado alertas. En ese sentido, se pondrá el foco en la ANMAT y en el sistema nacional de trazabilidad, cuestionado por su insuficiencia para prevenir la circulación de medicamentos adulterados.

Transparencia y rol de las víctimas

El reglamento aprobado establece que la comisión deberá sesionar de manera pública y transparente, salvo en casos que requieran reserva para proteger a testigos. El Observatorio de Víctimas de Delitos tendrá un rol asesor permanente, especialmente en la elaboración de propuestas de acompañamiento a los familiares de las víctimas.

El proyecto surgió de una síntesis de distintas iniciativas presentadas por legisladores del PRO, la UCR, Fuerza Patria y otras bancadas. Según el texto aprobado, la creación de la comisión responde a la necesidad de reparar la pérdida de confianza en el sistema sanitario y fortalecer la capacidad de prevención frente a futuros episodios.

Entre los fundamentos se advierte que “la comercialización de fármacos contaminados representa un atentado contra el derecho a la salud y a la vida, erosiona la confianza en las instituciones y obliga a reforzar los controles”. El documento remarca que el Congreso debe asumir un papel protagónico para documentar los hechos, atribuir responsabilidades y recomendar medidas que eviten nuevas tragedias.

Próximos pasos

La comisión comenzará a sesionar en las próximas semanas con audiencias públicas y consultas técnicas a expertos, autoridades sanitarias y representantes de la sociedad civil. Su informe final, previsto para fines de 2025, deberá incluir propuestas legislativas y de política pública para robustecer los sistemas de control de medicamentos y garantizar que un caso como el del fentanilo contaminado no vuelva a repetirse en la Argentina.