Según estimaciones de la Defensoría de la Tercera Edad, la crisis económica golpea a más de 5 millones de jubilados y pensionados que se encuentran bajo la línea de pobreza. De acuerdo a un informe, la grave situación económica se ve reflejada en la malnutrición que sufren muchos adultos mayores. Los alarmantes datos dan cuenta de una situación crítica para este siempre postergado sector de la sociedad, en medio de la discusión entre el Gobierno y la oposición por un eventual veto a la nueva ley de movilidad jubilatoria.

De acuerdo con el reporte de la Defensoría de la Tercera Edad, la canasta básica de un jubilado rondaría los $800.000 mensuales, sin embargo, la jubilación mínima en agosto de 2024 apenas alcanza los $225.497,54. Si bien, el bono de $70.000 eleva el haber a $295.000, el monto está muy alejado de lo que se necesita para cubrir los gastos básicos. Los números permiten aseverar que se trata de uno de los sectores más afectados por la inflación en el primer semestre del 2024.

La situación es aún peor para las 500.000 personas que cobran la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), equivalente al 80% de la jubilación mínima. Por otro lado, existen un millón de personas con pensiones no contributivas que perciben solo $220.000 mensuales.

Un drama social

Eugenio Semino, defensor de la tercera edad, señaló que la situación es muy grave ya que se observa malnutrición en muchos de los adultos mayores por no poder alcanzar la canasta básica de alimentos. Por otro lado, a pesar de que el 80% y el 90% de los adultos mayores sufren de hipertensión y problemas de colesterol, no pueden acceder a los alimentos necesarios para cuidar su salud. A esto se suma la dificultad para adquirir medicamentos y pagar servicios básicos como la calefacción. De este modo, el deterioro general de la calidad de vida de los adultos mayores crece constantemente.

En ese contexto de extrema vulnerabilidad al que se ven sometidos históricamente los jubilados de la Argentina, el Gobierno actual planea vetar la flamante ley de movilidad jubilatoria. Se trata de una nueva medida que afectará directamente a las jubilaciones. Luego de haberse sancionado en ambas cámaras la iniciativa que aumenta las jubilaciones en un 8,1%, el Ejecutivo nacional aseguró que esa norma «tiene como único objetivo destruir el programa económico y el equilibrio fiscal.

El mismo presidente Javier Milei, planteó que se trata de «un acto de populismo demagógico» y lo calificó como un «proyecto de ley irresponsable, ilegal e inconstitucional que establece gastos exorbitantes sin su correspondiente partida presupuestaria». Finalmente, apuntó contra la oposición y anticipó su veto total a la ley.