Fabián Rossi, exapoderado de la financiera SGI, fue trasladado este jueves a la cárcel federal de Marcos Paz junto a otros cuatro condenados en la causa por lavado de dinero conocida como «la Ruta del dinero K». Estaban alojados desde el lunes en la Superintendencia de Investigaciones Federales, pero ese lugar fue considerado solo de tránsito y sin capacidad para mantener detenidos.

El movimiento fue ejecutado por orden judicial, a la espera de que se resuelvan los pedidos de arresto domiciliario presentados por sus defensas. Los otros cuatro trasladados fueron César Fernández, Juan Alberto De Rasis, Carlos Molinari y Eduardo Castro, todos vinculados a la operatoria financiera investigada y con condenas firmes de más de tres años de prisión.

Quiénes son los condenados y qué penas enfrentan

Rossi cobró notoriedad por su relación con Iliana Calabró, pero también por su rol en SGI, conocida como «La Rosadita». Fernández también fue parte de la financiera, De Rasis trabajaba con el banco suizo involucrado, Molinari es un empresario con nexos con el entorno K, y Castro otro de los señalados por su participación activa en la estructura. Todos fueron condenados por lavado de 55 millones de dólares mediante movimientos en el exterior y posterior ingreso al país a través de bonos.

Los cinco comenzarán a cumplir sus penas en la unidad penitenciaria de Marcos Paz, donde ya se encuentran otros detenidos de alto perfil, como Ariel “Guille” Cantero, líder de “Los Monos”.

El caso de Mendoza y la situación de Báez

Julio Mendoza, expresidente de Austral Construcciones —la principal firma de Lázaro Báez—, también fue detenido, pero permanece internado tras descompensarse cuando se ordenó su captura. Tiene consigna policial y será trasladado cuando reciba el alta médica.

Por otra parte, resta que el Tribunal Oral Federal 4 defina qué sucederá con Báez, su hijo Martín, el abogado Jorge Chueco y el contador Daniel Pérez Gadín. Todos ellos ya cumplieron prisión preventiva, algunos con régimen domiciliario, pero aún deben cumplir parte de sus condenas.

La defensa busca evitar nuevos ingresos a prisión

En el caso de Báez, el fiscal Abel Córdoba solicitó su regreso a prisión. El empresario estuvo encarcelado en Ezeiza entre abril de 2016 y diciembre de 2019. Luego pasó al arresto domiciliario por otra causa vinculada al campo “El Entrevero”, en Uruguay. Según la defensa, ese tiempo también debe computarse como prisión cumplida.

El abogado Juan Villanueva afirmó que Báez lleva ya nueve años y dos meses detenido, si se suma su arresto por ambas causas. De acuerdo al cálculo del TOF 4, le restan seis años y seis meses de prisión efectiva. Por el contrario, para Martín Báez —también condenado—, la fiscalía solicitó su libertad condicional, dado el tiempo que ya ha estado privado de su libertad.

Pedidos de domiciliaria y revisiones médicas

Las defensas de los condenados trasladados a Marcos Paz ya iniciaron trámites para obtener prisión domiciliaria. Alegan motivos de salud y edad avanzada. Sin embargo, desde la Policía Federal señalaron que la Superintendencia no podía albergarlos mientras se resuelven esos planteos, por lo que pasaron a la órbita del Servicio Penitenciario Federal.

El Cuerpo Médico Forense será el encargado de determinar si alguno de los implicados está en condiciones de cumplir su condena fuera de un penal. Todavía no se fijaron fechas para esas evaluaciones.