La carga tributaria sobre el sector agropecuario volvió al centro del debate por el Presupuesto 2027. Según el último Índice de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina (FADA), el 62% de la renta del agro se destina al pago de impuestos. Además de los derechos de exportación, especialistas advirtieron por otros costos menos visibles vinculados con saldos de IVA y cargas administrativas. El planteo fue presentado durante una jornada de la Fundación Barbechando con legisladores nacionales.

De acuerdo con FADA, del resultado económico generado por una hectárea agrícola alrededor del 8% queda como ganancia del productor. La presión tributaria varía según el cultivo: se acerca al 74% en trigo, alcanza el 68% en girasol, el 62% en soja y el 60% en maíz. Antonela Semadini, economista de la entidad, señaló que una parte importante corresponde a tributos que no se coparticipan. Entre ellos ubicó a los derechos de exportación.

El secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, ratificó que el Gobierno mantiene su esquema de reducción progresiva de las retenciones. Consultado durante el AmCham Agribusiness Forum sobre la posibilidad de eliminarlas, respondió: «Hay un cronograma de baja gradual. Punto». La discusión también tomó impulso después de que Nicolás Pino, reelegido al frente de la Sociedad Rural Argentina, reiterara su pedido para avanzar hacia su eliminación.

Los saldos de IVA que quedan inmovilizados

Durante la jornada de Barbechando, el tributarista Mariano Echegaray Ferrer puso el foco en componentes de la carga fiscal que no siempre aparecen reflejados en los indicadores tradicionales. Entre ellos mencionó el saldo técnico del IVA, los saldos de libre disponibilidad y los costos derivados de su gestión administrativa. Según explicó, estos mecanismos pueden inmovilizar recursos durante períodos prolongados.

El saldo técnico se genera, entre otros factores, por la diferencia entre el IVA aplicado a determinados insumos y el que corresponde a la venta de granos. Mientras algunos insumos tributan una alícuota del 21%, las ventas pueden estar alcanzadas por una del 10,5%. A esto se suman la estacionalidad productiva, el financiamiento del capital de trabajo y las inversiones en bienes de capital.

Un relevamiento de CREA citado durante el encuentro estimó que ese saldo promedia $36.500 por hectárea. Para la agricultura extensiva, el total alcanzaría unos US$770 millones inmovilizados al cierre de la campaña 2025/26. Esa cifra equivaldría aproximadamente al 7% del gasto destinado a implantación y desarrollo de cultivos durante una campaña.

También se cuestionó la evolución del mecanismo presupuestario destinado a devolver saldos vinculados con inversiones en bienes de capital. La partida era de $15.000 millones en 2019, equivalentes entonces a unos US$394 millones. Para 2026 ascendió a $30.000 millones, pero representaría alrededor de US$21 millones. Según la exposición, el monto se duplicó en pesos mientras perdió más del 90% de su poder de compra medido en dólares.

Retenciones de IVA y demoras en los reintegros

Otro punto analizado fue el saldo de libre disponibilidad. Cuando un productor concreta una venta, el comprador puede retener entre el 5% y el 8% del IVA según su clasificación dentro del sistema SISA. De acuerdo con lo expuesto en la jornada, esos fondos pueden tardar al menos 75 días en reintegrarse. Durante ese período permanecen fuera de la disponibilidad inmediata de la empresa.

Echegaray Ferrer también comparó los recursos presupuestados para devoluciones con la inversión en maquinaria agrícola. Durante el primer semestre de 2026, esa inversión alcanzó $1,381 billones. Según su cálculo, la partida disponible no cubriría siquiera el 20% del total de saldos de IVA inmovilizados asociados a esas inversiones.

Entre las alternativas planteadas apareció la posibilidad de transformar el saldo técnico del IVA en un bono que pueda utilizarse como garantía crediticia. El objetivo sería evitar que esos recursos permanezcan inmovilizados durante largos períodos. La propuesta se sumó al debate más amplio sobre la estructura tributaria del agro y los cambios que podrían discutirse durante el tratamiento del Presupuesto 2027.