Organizaciones ambientalistas y veteranos de la Guerra de Malvinas presentaron una acción judicial para intentar detener el proyecto petrolero Sea Lion. El planteo fue realizado ante el Juzgado Federal de Río Grande, en Tierra del Fuego, a cargo de la jueza Mariel Borruto. La demanda apunta contra Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development. Los denunciantes reclaman la suspensión inmediata de las obras y de las operaciones financieras relacionadas con el emprendimiento.

La presentación fue impulsada por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (Cecim). Se trata de una acción preventiva de daño ambiental colectivo que también incorpora argumentos vinculados con la soberanía argentina. Los demandantes sostienen que las compañías avanzan sin una evaluación de impacto ambiental realizada bajo legislación argentina. También cuestionan las autorizaciones otorgadas por el Reino Unido para operar en la zona.

El proyecto Sea Lion, denominado León Marino dentro del escrito judicial, se encuentra aproximadamente 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas. El desarrollo contempla 23 pozos submarinos, entre productores, inyectores de agua y uno destinado a gas. También prevé una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga con capacidad para procesar 120.000 barriles de crudo diarios. En Puerto Argentino se proyectan además obras portuarias y una base logística.

Los argumentos ambientales de la presentación

La demanda sostiene que el desarrollo podría afectar las ecorregiones del Mar Argentino y las Islas del Atlántico Sur. Entre los riesgos mencionados aparecen emisiones de dióxido de carbono, ruido submarino, alteraciones sobre aves y cetáceos y daños en el lecho marino. También se advierte sobre la posible introducción de especies invasoras mediante los buques que operen en el área. Estos impactos corresponden a las estimaciones y argumentos incorporados por los demandantes.

Uno de los puntos centrales es el riesgo de un eventual derrame de petróleo. Según el escrito, la Corriente de Malvinas podría favorecer una dispersión rápida del crudo en caso de un incidente. La ubicación remota del proyecto también podría dificultar las tareas de respuesta y mitigación. La magnitud efectiva de esos riesgos deberá ser evaluada dentro del proceso judicial.

Las organizaciones vincularon además la cuestión ambiental con la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas. El Cecim sostuvo que el área tiene un significado particular para los excombatientes porque allí murieron soldados argentinos durante la guerra de 1982. «En un mismo espacio se superponen dos bienes colectivos: ambiente y soberanía», expresaron los demandantes. También invocaron la Resolución 31/49 de Naciones Unidas dentro de sus argumentos.

Qué medidas pidieron a la Justicia

El escrito, de unas 170 páginas, solicita una medida cautelar para suspender perforaciones, movimientos del lecho marino, tendidos de ductos y construcciones portuarias vinculadas con Sea Lion. También pide impedir que las empresas demandadas obtengan nuevos préstamos o aportes de capital destinados al proyecto. Los solicitantes reclamaron además que una eventual cautelar sea comunicada a mercados financieros internacionales.

La acción fue presentada antes de que el Gobierno de Javier Milei anunciara nuevas medidas contra compañías vinculadas con la explotación de hidrocarburos en Malvinas. El Ejecutivo también prepara modificaciones a la legislación que regula actividades no autorizadas en la plataforma continental argentina. Ambas iniciativas avanzan por vías diferentes y la demanda ambiental fue presentada de manera independiente.

El expediente ya fue remitido al fiscal federal Marcelo Rapoport. Uno de los primeros pasos será determinar si el Juzgado Federal de Río Grande resulta competente para intervenir. Después deberá resolverse el pedido cautelar presentado por las organizaciones. Hasta entonces, las afirmaciones sobre eventuales infracciones ambientales o legales forman parte de los argumentos de los demandantes y no de una resolución judicial definitiva.