El exfiscal de Delitos Económicos de Rosario Mariano Ríos Artacho fue imputado como presunto jefe de una asociación ilícita. La acusación sostiene que la organización desvió unos $425 millones de cuentas judiciales entre 2017 y 2024. Durante la audiencia, el propio exfuncionario admitió haber realizado maniobras con esos fondos. También las vinculó con un problema de ludopatía que, según afirmó, arrastra desde 2013.

Los fiscales Adrián Spelta y Carla Cerliani acusaron a Ríos Artacho de manipular dinero depositado en cuentas correspondientes a causas en las que había intervenido. Los fondos provenían de secuestros realizados en procedimientos, reparaciones económicas y cauciones. Según la hipótesis fiscal, emitía oficios bancarios para ordenar transferencias o habilitar retiros de efectivo. Esas operaciones habrían beneficiado a personas que figuraban como destinatarias de restituciones o reparaciones.

Durante la audiencia, el exfiscal pidió declarar ante la jueza María Trinidad Chiabrera. «Yo administraba los fondos como si fuese mi billetera», reconoció. También pidió disculpas a su familia y al Ministerio Público de la Acusación. Aseguró además que está dispuesto a colaborar con la investigación.

Ríos Artacho rechazó, sin embargo, que haya existido una asociación ilícita en los términos planteados por la fiscalía. Sostuvo que fue él quien impartió las órdenes y «arrastró» al resto de los imputados a las maniobras. Esa posición forma parte de su defensa y deberá ser evaluada durante el proceso. La audiencia continuará tras un cuarto intermedio.

Cómo habría funcionado la estructura

Los fiscales señalaron como presuntos organizadores a Julio Héctor Mercado, Fabricio Emanuel Romero y Gustavo Cesaretti. Según la acusación, reclutaban prestanombres, aportaban cuentas bancarias y retiraban dinero por ventanilla. Luego habrían distribuido los fondos junto con Ríos Artacho. La responsabilidad de cada imputado todavía debe ser determinada judicialmente.

El abogado Emilio Rubén Barcacia, ex cuñado del exfiscal, también quedó involucrado en la causa. La fiscalía sostiene que se encargaba de recomponer temporalmente cuentas judiciales que habían quedado sin los fondos correspondientes. Esto habría ocurrido cuando avanzaban expedientes próximos a una probation o un juicio abreviado. Barcacia declaró que desconocía la trama detrás de los pedidos que recibía.

También fueron acusados Nahuel Riquelme, Agostina Riquelme, Bruno Bergero, Paola Batistic, Daniel Cesaretti y Daniel Ballistreri. Según la fiscalía, prestaban cuentas bancarias o retiraban efectivo para posteriormente entregarlo al exfiscal. A cambio, presuntamente recibían una parte del dinero. Estas imputaciones permanecen bajo investigación.

Entre las maniobras analizadas aparece una causa contra el empresario cerealero Sebastián Grimaldi. Durante allanamientos en ese expediente se habían secuestrado US$4.800 y $340.000 que, según los fiscales, nunca fueron depositados en la cuenta judicial. También investigan el presunto desvío de más de $2 millones hacia Nahuel Riquelme. Ese dinero habría sido distribuido posteriormente entre varios de los acusados.

Los antecedentes que rodearon la salida del fiscal

Ríos Artacho ya había quedado bajo sospecha por la entrega irregular de un Mercedes Benz secuestrado en la causa contra Grimaldi. El vehículo debía permanecer en un depósito judicial, pero terminó en manos de un comisario amigo del entonces fiscal. El automóvil fue recuperado posteriormente. Ese episodio derivó en una suspensión de dos meses en abril de 2024.

Tras ser reincorporado, el fiscal renunció el 25 de junio de 2024 alegando problemas personales. Para entonces también comenzaba a ser investigado por su actuación en un desprendimiento de la causa Vicentin. Tiempo después fue imputado en otro expediente por una pelea ocurrida en un casino. Ese hecho también fue relacionado por el propio exfuncionario con su ludopatía.

La causa por las cuentas judiciales busca ahora reconstruir el destino de los fondos y determinar la participación de cada acusado. Ríos Artacho reconoció haber utilizado dinero bajo su administración y asumió responsabilidad por las maniobras expuestas durante la audiencia. Lo que discute es la existencia de una asociación ilícita y el grado de responsabilidad de los demás imputados. La Justicia deberá resolver esos puntos mientras continúa la investigación.