El conflicto por el financiamiento de las universidades nacionales sumó un nuevo capítulo. El Gobierno nacional confirmó que apelará el fallo del juez federal Martín Cormick, quien ordenó aplicar de inmediato la Ley de Financiamiento Universitario.

La resolución hizo lugar a los amparos presentados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA), entre otros actores del sistema universitario. Además, declaró inconstitucional una parte del Decreto 759/2025, utilizado por el Ejecutivo para condicionar la aplicación de la ley.

El punto central de la discusión está en las condiciones que estableció el Gobierno para ejecutar la norma. El decreto había dispuesto que la aplicación quedara sujeta a la definición de las fuentes de financiamiento y a la incorporación de las partidas correspondientes al Presupuesto nacional.

Para Cormick, esa condición no puede impedir la aplicación de una ley aprobada por el Congreso. El magistrado consideró que el mecanismo utilizado por el Ejecutivo era “extraconstitucional” y ordenó adoptar las medidas necesarias para cumplir con la norma.

La Ley de Financiamiento Universitario fue sancionada en agosto de 2025. El Congreso volvió a aprobarla después de que Milei la vetara y, finalmente, el Poder Ejecutivo la promulgó mediante el Decreto 759/2025.

La norma contempla fondos para distintos sectores de las universidades nacionales. Entre sus puntos se encuentran la recomposición de los salarios docentes y no docentes, los gastos de funcionamiento y las becas para estudiantes.

La discusión judicial no comenzó con este fallo. En diciembre de 2025, Cormick había dictado una medida cautelar para ordenar la aplicación inmediata de los artículos vinculados con la actualización salarial y las becas universitarias.

Esa medida fue confirmada posteriormente por la Cámara. El Gobierno, sin embargo, continuó cuestionando judicialmente las decisiones relacionadas con la implementación de la ley.

El conflicto volvió a escalar durante septiembre. El juez sostuvo que el Estado había demostrado un cumplimiento parcial de la medida y le dio un nuevo plazo de cinco días para avanzar con las obligaciones pendientes.

Uno de los principales puntos de discusión es la recomposición de los salarios universitarios. El Gobierno sostiene que los aumentos otorgados desde diciembre de 2023 alcanzaron un determinado nivel, mientras que la Justicia cuestionó la forma utilizada para calcular esa actualización.

También hubo diferencias por las becas. El Ejecutivo había señalado la continuidad de programas como las Becas Manuel Belgrano, pero el juez consideró que eso no demostraba por sí solo el cumplimiento total de lo establecido por la ley.

Ahora, el Gobierno buscará revertir el nuevo fallo mediante una apelación. La disputa continuará en la Justicia mientras también avanza la discusión por el Presupuesto 2027 y los fondos destinados a las universidades.

El Consejo Interuniversitario Nacional sostiene que los recursos previstos no alcanzan para cubrir las necesidades del sistema. Las universidades y los gremios, por su parte, mantienen sus reclamos por salarios y por el cumplimiento integral de la Ley de Financiamiento Universitario.