El Gobierno nacional resolvió transferir más de $100.000 millones al sistema de Bomberos Voluntarios en medio de los incendios forestales que afectan a Chubut y otras zonas de la Patagonia. La medida fue oficializada mediante la Resolución 91 2026 del Ministerio de Seguridad y responde al reclamo de los gobernadores patagónicos por mayores recursos para enfrentar la emergencia ígnea.

El monto total asignado asciende a $100.810.319.998,50 y será distribuido entre 1062 asociaciones de bomberos voluntarios de primer grado en todo el país. Cada entidad recibirá $94.924.971,75 para la compra de equipamiento, materiales, indumentaria, elementos de protección y mantenimiento de recursos destinados a la lucha contra el fuego y a tareas de protección civil.

La resolución se conoció mientras continúan activos focos de incendio en la cordillera chubutense, con áreas comprometidas en zonas cercanas al Parque Nacional Los Alerces, Cholila y Trevelin. Las autoridades locales mantienen la alerta máxima y desde la Federación Chubutense de Bomberos advirtieron sobre el desgaste del personal. “Los bomberos están cansados”, señalaron, al indicar que algunos brigadistas llevan más de 20 días de trabajo continuo.

El esquema de fondos no se limita a las asociaciones de primer grado. También se asignaron $7.754.639.995,93 a entidades provinciales de segundo grado para gastos de funcionamiento, representación y obligaciones previstas en la Ley 25.054. Un monto idéntico será destinado a esas mismas entidades para capacitación de bomberos y directivos.

Además, se destinaron $2.584.880.009,64 a la Agencia Federal de Emergencias, a través de la Dirección Nacional de Bomberos Voluntarios, para fiscalización, compra de equipamiento, capacitaciones y subsidios extraordinarios. El Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina recibirá $7.754.640.000 para el funcionamiento de la Academia Nacional de Capacitación y otros $2.584.880.000 para gastos operativos y de representación.

Los pagos se realizarán de manera progresiva según los ingresos registrados en la cuenta recaudadora del Banco Nación y las cuotas presupuestarias trimestrales. La norma fija como prioridad el cumplimiento de las rendiciones de cuentas. Las entidades con incumplimientos administrativos no percibirán fondos hasta regularizar su situación.

El texto oficial establece que los bienes adquiridos deberán ser inventariados y, en ciertos casos, identificados con la leyenda correspondiente al subsidio nacional. También se exime a las entidades del pago de impuestos nacionales y tasas aduaneras para importar equipamiento.

La decisión se da mientras los gobernadores del sur insisten con el tratamiento de la ley de emergencia ígnea en el Congreso. En los últimos días, Ignacio Torres y otros mandatarios patagónicos advirtieron que la magnitud del desastre, con unas 230.000 hectáreas afectadas en la región, requiere herramientas excepcionales y financiamiento específico. En paralelo, continúa el combate contra el fuego con brigadistas de distintas provincias y avanza una investigación judicial sobre el manejo inicial de los focos.