Después de la traba en el Congreso con la Ley de Bases, los gobernadores, antes aliados del presidente Javier Milei, buscarían un nuevo pacto fiscal. La sesión para debatir los artículos en particular generó una crisis política entre el gobierno nacional y las provincias. Con el oficialismo sin votos para aprobar temas clave, la Casa Rosada lo consideró una traición. Lo que dinamitó los puentes de diálogo entre ambas partes, profundizando la herida desde la cumbre en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) el 29 de enero.

Puntos como el Impuesto PAIS, privatizaciones, Fondo de Garantía de Sustentabilidad y facultades delegadas eran los más discutidos por los gobernadores. Mientras la sesión avanzaba, la Casa Rosada intentó llamadas unilaterales con las provincias. Inicialmente, los gobernadores sugirieron un «acuerdo» para excluir el Impuesto PAÍS, discutirlo más adelante y respaldar el resto del proyecto. Esto pretendía iniciar una discusión sobre un pacto fiscal en febrero-marzo. Sin embargo, el oficialismo advirtió que algunos legisladores «les habían soltado la mano», rechazando varios puntos. Especialmente la discrecionalidad del Ejecutivo sobre los fideicomisos que asignan recursos a las provincias.

Los fondos fiduciarios, alrededor de 30 en total, representan una caja multimillonaria para obras y partidas estatales. Hay consenso entre los gobernadores de que Milei busca un ajuste fiscal concentrado en recortes a las provincias, licuación de las jubilaciones y recaudación de tributos a las importaciones (Impuesto PAÍS) y exportaciones (retenciones).

Ante acusaciones de traición, gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC) y provincias peronistas emitieron un comunicado negando responsabilidad total. El foco apunta al radicalismo y a gobernadores con influencia sobre Innovación y Hacemos Coalición Federal. Córdoba, liderada por Martín Llaryora, fue clave en el intento de acuerdo sobre el Impuesto PAÍS, aunque niegan el término «traidores». Los gobernadores mantuvieron contactos y, en respuesta a las acusaciones, los de JxC emitieron un comunicado elíptico, evitando responsabilidades totales.

A 50 días de la presidencia de Milei, las provincias reconocen la necesidad del respaldo parlamentario del Gobierno. La Casa Rosada comprende la delicada situación fiscal de los gobernadores y su necesidad de asistencia. JxC y provincias «dialoguistas» buscan rencauzar la interlocución con el gobierno, necesitando consensos para un nuevo pacto fiscal y aprovechando su poder en el Congreso y su peso político concertado.