
La SIGEN anunció el hallazgo de irregularidades de cifras millonarias en contratos de limpieza en la gestión de Alberto Fernández

La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) reveló un alarmante panorama de irregularidades en los contratos de limpieza suscritos por el Estado durante el último año del gobierno de Alberto Fernández. Según dos informes, se identificaron sobreprecios, falta de controles y una preocupante concentración de contrataciones en un reducido grupo de empresas. El gasto total en este servicio ascendió a $88.110.364.284,94 en 2023.
Los informes recopilan datos sobre 2985 contratos de limpieza que involucran a 355 empresas encargadas del mantenimiento de 15.101 edificios públicos. En el análisis de costos, la SIGEN detectó casos extremos: mientras el valor promedio por hora de servicio en la mayoría de los contratos es inferior a $10.000, algunos superaron ampliamente esta cifra. Por ejemplo, nueve convenios de la ANSES con la empresa Martín y Cía registraron valores entre $103.155,43 y $129.682,75 por hora trabajada. Otro caso destacado fue un contrato de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social con Logísticas Integrales SA, que alcanzó los $75.185,75 por hora.
Llamativamente, el organismo con mayor cantidad de edificios contratados, ANSES, fue excluido de ciertos análisis debido a la falta de datos clave, como el número de personal asignado. Esto impide evaluar con precisión la razonabilidad de los costos.
Concentración en pocas manos
El informe también denuncia una alta concentración de las contrataciones en solo 10 empresas, que absorbieron el 61,78% del presupuesto total destinado al servicio. Entre ellas, destaca La Mantovana, que recibió $19.091.080.664,26, cerca de una cuarta parte del gasto total. Le siguen Serza ($9.947.895.632,93) y Linser ($5.415.667.800,53).
No obstante, el caso de mayor cantidad de contratos firmados corresponde a Domin SRL, con 140 convenios, mientras que Martín y Cía lidera en número de edificios a cargo, con 2455.
Falta de controles y opacidad
Un aspecto crítico del informe es la falta de supervisión en el cumplimiento de los contratos. Según los datos recopilados, el 20% de los organismos no controlan la asistencia ni el horario del personal de limpieza. De los que sí verifican, apenas el 2% utiliza sistemas biométricos, optando en su mayoría por métodos arcaicos como planillas o inspecciones visuales.
Además, solo el 27% de las contrataciones se adjudicaron mediante licitación pública, el método más transparente. En contraste, el 40% se concretaron a través de contratación directa o legítimo abono, lo que aumenta los riesgos de discrecionalidad y corrupción. Otros métodos utilizados incluyen concursos privados (668 contratos) y compulsas de precios (84 contratos), mientras que apenas tres casos se resolvieron mediante subastas públicas.