La Justica Federal de Tucumán, a través del Tribunal Oral hizo lugar a una medida cautelar pedida por la fiscalía para embargar inmuebles de empresarios tucumanos del Ingenio La Fronterita que podrían haberse utilizado para cometer crímenes de lesa humanidad en la localidad de Famaillá.

La causa abarca los delitos cometidos contra 68 personas, de las que 11 permanecen desaparecidas. Las víctimas eran en su mayoría trabajadores del ingenio, dirigentes y militantes sindicales de base y colonos que residían en los barrios construidos por la empresa.

Los hechos ocurrieron entre 1975 y 1978. A partir del Operativo Independencia, los dueños de La Fronterita le dieron control total en el predio a las fuerzas represivas, que se instalaron en tres espacios: el “Comando de la Laguna”, donde se alojaba a la oficialidad, el “Tambo”, en el que permanecían las tropas, y las viviendas llamadas los “conventillos». Todos ellos fueron reconocidos por sobrevivientes como lugares donde fueron mantenidas cautivas personas y torturadas.

El fiscal general Pablo Camuña, titular de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Tucumán, explicó: “El pedido consiste en cautelar los bienes que, en caso de condena, serían objeto de decomiso o servirían para afrontar las eventuales reparaciones a las víctimas. En el caso de los inmuebles, si se determinara en juicio que ellos se usaron para cometer los delitos o bien que sus titulares los dieron con conocimiento o se vieron beneficiados económicamente con los delitos de terceros, serían pasibles de decomiso”.

Por esta caso están acusados cuatro ex directivos de La Fronterita, Jorge Alberto Figueroa Minetti, quien era el administrador, Eduardo Butori, Alfredo Martínez Minetti y Fernando Cornú De Olmos.

Los cuatro empresarios están imputados como cómplices primarios de los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad con apremios y vejaciones, torturas, torturas seguidas de muerte, abuso sexual, violación sexual y homicidio.