La Misión Internacional Independiente de la ONU en Venezuela, presidida por Marta Valiñas, jurista experta en derechos humanos y justicia penal internacional, elevó un grave informe sobre la situación de Venezuela. De acuerdo a los registros y la documentación recabada por el grupo conformado por las Naciones Unidas, el régimen de Nicolas Maduro llevó a cabo serias violaciones a los derechos humanos. El documento presentado el día de hoy asegura además que se cometieron crímenes de «lesa humanidad» contra el pueblo venezolano. El documento señala también que se “ha intensificado dramáticamente sus esfuerzos para aplastar toda oposición pacífica a su mandato, sumiendo a la nación en una de las crisis de derechos humanos más graves de la historia reciente”.

La misión ha examinado la situación de Venezuela entre septiembre de 2023 y agosto de 2024. Los expertos en derecho han documentado “violaciones y crímenes, incluido el crimen de lesa humanidad de persecución con motivaciones políticas”. Al respecto, el informe asegura que se llevó a cabo “un plan continuo y coordinado para silenciar, desanimar y reprimir a la oposición”. “Estamos presenciando una intensificación del aparato represivo del Estado en respuesta a lo que percibe como críticas, oposición o disidencia”, resaltó Valiñas.

Plan sistemático

Según la investigación, se constataron graves violaciones a los derechos humanos como desapariciones forzosas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles cometidos desde 2014. “Aunque esto es una continuación de patrones previos que la misión ya ha caracterizado como crímenes de lesa humanidad, la represión reciente, debido a su intensidad y carácter sistemático, representa un ataque muy grave a los derechos fundamentales del pueblo venezolano, cometido a pesar de múltiples llamados dentro y fuera del país para respetar los derechos humanos”.

El informe indica que entre diciembre de 2023 y marzo de 2024, al menos 48 personas fueron detenidas bajo el argumento de lo que el Gobierno describió como conspiraciones en su contra y se emitieron órdenes de arresto para otras personas, entre las que se incluyen personal militar, defensores de derechos humanos, periodistas y miembros de la oposición política. Solo durante el mes de julio, la misión documentó más de 120 personas arrestadas en el contexto de eventos de campaña de la oposición. Según cifras de las propias autoridades, más de 2.000 personas fueron detenidas tras las elecciones. Esto incluye un centenar de niños y personas con discapacidad.

«La Justicia responde al Poder Ejecutivo»

El informe asegura que el sistema de justicia venezolano, liderado por el Tribunal Supremo, “está claramente subordinado a los intereses del Poder Ejecutivo”. Según el documento, representa “un instrumento clave en su plan para reprimir todas las formas de oposición política y social”. Del mismo modo, revela que «la severidad de la represión, el esfuerzo por demostrar resultados a través de encarcelamientos y el uso de maltratos y torturas han instaurado un clima de temor generalizado entre la población, reduciendo aún más el espacio cívico”. A esto se suma el acoso, la criminalización y otras restricciones a organizaciones de derechos humanos y periodistas.

El pedido de la ONU

Frente al duro contexto planteado en el informe, la misión de la ONU solicitó “investigar las alegaciones sobre el uso abusivo de la fuerza letal por parte de los cuerpos de seguridad y la participación de civiles armados actuando con la connivencia de dichos cuerpos en el marco de las protestas electorales”. Del mismo modo, se instó al régimen de Maduro a “terminar con la práctica de las detenciones arbitrarias”, a poner en libertad a todos los detenidos y “acabar con la práctica de las desapariciones forzadas de corta duración”.