El Poder Ejecutivo ha enviado al Congreso dos proyectos de ley ambiciosos destinados a reformar el panorama electoral argentino. Estas iniciativas buscan eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), transformar el sistema de financiamiento de las campañas electorales y reestructurar el sistema de partidos políticos. Sin embargo, la aprobación de estos proyectos enfrenta desafíos significativos, ya que la próxima semana concluye el período de sesiones ordinarias y es improbable que el oficialismo convoque sesiones extraordinarias para impulsar su aprobación durante el verano. Además, aliados tradicionales como el PRO y la UCR han expresado su desacuerdo con la eliminación de las PASO y la reducción del financiamiento público para las campañas.

El principal propósito de la «Reforma para el fortalecimiento electoral» es disminuir el gasto público en actividades políticas y aumentar la transparencia en el financiamiento de las campañas. Al eliminar las PASO, el Gobierno busca otorgar a los partidos políticos mayor autonomía para definir sus propios mecanismos internos de selección de candidatos, sin la intervención estatal. Asimismo, se pretende acortar el cronograma electoral, estableciendo que las campañas inicien 60 días antes de las elecciones y finalicen 48 horas antes del día del voto.

Impacto en la participación electoral

Desde la implementación de la Ley N° 26.571 en 2011, que introdujo las PASO, la participación electoral ha disminuido casi diez puntos porcentuales, pasando de un 78,67% en 2011 a un 69% en 2023, según datos del exMinisterio del Interior y la Cámara Nacional Electoral. La eliminación de las PASO, argumenta el Gobierno, permitirá a los partidos políticos establecer sus propios procesos de selección de candidatos, reduciendo así el tiempo y los recursos dedicados a las campañas primarias y fomentando una mayor eficiencia en el sistema electoral.

Transformación del financiamiento de los partidos

En cuanto al financiamiento, se propone una modificación de la Ley N° 26.215 para reducir significativamente el financiamiento estatal de las campañas electorales, promoviendo una mayor participación del financiamiento privado con controles más estrictos para garantizar su transparencia. Las principales modificaciones incluyen la eliminación de aportes públicos extraordinarios, manteniendo únicamente un aporte anual a través del Fondo Partidario Permanente. Este fondo se distribuirá de la siguiente manera:

  • El 20% del aporte público anual será repartido equitativamente entre todos los partidos políticos reconocidos.
  • El 80% restante se asignará de manera proporcional a los votos obtenidos por cada partido en las últimas elecciones de diputados nacionales, siempre que hayan superado al menos el 1% del padrón electoral.

Aportes privados y nuevas regulaciones

El proyecto también permitirá mayores aportes privados para financiar actividades partidarias, estableciendo un límite máximo equivalente al 35% del Fondo Partidario Permanente por cada donante, ya sea persona física o jurídica. Además, se prohibirán aportes de entidades involucradas en delitos como lavado de activos, narcotráfico, terrorismo, corrupción, entre otros, así como de entidades extranjeras sin domicilio en el país y de concesionarios de servicios públicos.

Para garantizar la transparencia, todos los aportes deberán estar bancarizados y depositados en las cuentas corrientes únicas de los partidos, registradas en la Dirección Nacional Electoral. Los donantes deberán completar una declaración jurada a través de una plataforma digital de acceso público, y se implementará una base de datos digital para registrar y publicar todos los aportes recibidos.

Requisitos para la constitución y reconocimiento de partidos

Adicionalmente, se propone elevar los requisitos de afiliación para la constitución de nuevos partidos en distritos con alta densidad poblacional. El número de electores requerido para constituir un partido se incrementará de un millón a dos millones, y el porcentaje del padrón electoral exigido se ajustará del 0,4% al 0,5%. Para los partidos nacionales, el número de distritos necesarios para su reconocimiento aumentará de cinco a diez, incorporando además un mínimo del 0,1% de afiliados del padrón nacional.

Digitalización de procesos y control de afiliaciones

La modernización incluye la digitalización de los procesos de afiliación y renuncia, reemplazando los formularios físicos por plataformas digitales supervisadas por la Cámara Nacional Electoral. Este cambio busca asegurar la autenticidad de las afiliaciones y reducir la proliferación de partidos con baja representatividad. En 2023, más de ocho millones de ciudadanos estaban afiliados a partidos políticos, aunque encuestas indican una participación activa menor al 5%.

Plazos para la implementación de la reforma

La ley establece un período de adecuación hasta el 30 de junio de 2026 para que los partidos ya constituidos se ajusten a las nuevas disposiciones. Las agrupaciones en formación podrán optar por la normativa vigente al inicio de sus trámites, pero deberán cumplir con las nuevas reglas dentro del plazo estipulado. Una vez aprobado, el proyecto entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.