La Argentina se prepara para apelar, por segunda vez, un fallo judicial en Estados Unidos que podría permitir a los acreedores embargar activos del país por un total estimado de US$310 millones. El caso involucra títulos del Tesoro estadounidense, depositados en una cuenta del Banco Central argentino en la Reserva Federal de Nueva York, utilizados como garantía de los bonos Brady emitidos en los años 90.

En agosto, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York confirmó el fallo de primera instancia de la jueza Loretta Preska, quien autorizó el embargo de estos activos. Según los demandantes, fondos como Attestor Master Value, Trinity Investments y Bybrook Capital Master. Los títulos son reclamados como parte de una deuda que el país mantiene en default desde 2001.

Los acreedores, conocidos como holdouts o «fondos buitre», nunca ingresaron a los canjes de deuda ofrecidos por Argentina en 2005, 2010 y 2016. Representan menos del 3% de los tenedores originales de bonos en default. Sin embargo, buscan cobrar un total de US$450 millones, incluidos US$187 millones depositados en la cuenta de la Fed.

Argumentos de la defensa argentina

La defensa del país argumenta que estos títulos pertenecen al Banco Central y no al Estado argentino, por lo que estarían protegidos por la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras. Además, sostiene que los activos no deberían ser considerados como utilizados para actividades comerciales, requisito clave para su embargo bajo la legislación estadounidense.

Sin embargo, tanto Preska como la Corte de Apelaciones rechazaron estas defensas. Según el fallo, Argentina ya había utilizado los derechos de reversión en actividades comerciales, lo que los hace embargables bajo la normativa aplicable.

Un posible camino dilatorio

Ahora, la estrategia del Gobierno es apelar a la Corte Suprema de los Estados Unidos, aunque las probabilidades de que el caso sea tomado por el máximo tribunal son bajas. «La Argentina vuelve a la Corte Suprema por primera vez desde 2018 para evitar el embargo de US$310 millones. Es un esfuerzo por dilatar la ejecución, dado que los fallos previos no favorecieron al país», comentó Sebastián Maril, especialista en litigios de deuda soberana.

Implicancias económicas y políticas

Este caso plantea un desafío financiero para la Argentina y pone en evidencia la persistencia de conflictos judiciales vinculados al manejo de la deuda soberana. La resolución de este litigio será un test clave para las relaciones económicas y diplomáticas entre Argentina y Estados Unidos. Además, de un precedente para futuros casos relacionados con deudas en default. A medida que avance el proceso, el país buscará ganar tiempo mientras enfrenta un panorama económico ya complicado. El cual está marcado por tensiones fiscales y necesidades de financiamiento externo.