En sintonía con las políticas de desregulación económica impulsadas por el gobierno de Javier Milei y medidas similares aplicadas por la administración de Mauricio Macri en 2017, un grupo de diputados del PRO ha presentado un proyecto de ley destinado a reducir los precios de productos tecnológicos e informáticos en Argentina. La propuesta busca eliminar los aranceles a la importación de computadoras, celulares y otros dispositivos, fomentando así la competencia y facilitando el acceso a una mayor variedad de productos.

El proyecto, liderado por los diputados Diana Fernández Molero y Alejandro Bongiovani, pretende reducir barreras arancelarias para los equipos de informática y telecomunicaciones dentro del Mercosur. Los legisladores argumentan que esta medida permitiría una baja en los precios. También incentivaría la competencia en el mercado local, lo que en última instancia beneficiaría a los consumidores.

Contexto y antecedentes

El gobierno de Macri ya había eliminado aranceles en 2017 para la importación de notebooks, computadoras y tablets, reduciendo las tarifas del 35% al 0%. Sin embargo, durante la administración de Alberto Fernández, estos aranceles fueron reintroducidos, fijando una tasa del 16% para las notebooks fabricadas localmente. La situación actual, con la llegada de Milei al poder, mantiene al sector en estado de alerta. Ya que se prevé que el gobierno actual tenga una visión más favorable hacia la eliminación de barreras a las importaciones.

Postura del Gobierno actual

Desde el equipo económico del Gobierno se confirmó que se está evaluando la eliminación o reducción de aranceles para computadoras. Aunque la medida presenta un costo fiscal significativo que, por el momento, dificulta su implementación. Lo que sí se ha descartado es la rebaja de aranceles para los celulares. Y es que la producción local de estos dispositivos en Tierra del Fuego es fuerte, con 10 millones de equipos fabricados al año.

Impacto en la industria

Uno de los puntos más controvertidos del proyecto es el impacto que tendría en la producción nacional, especialmente en Tierra del Fuego, donde varias empresas tecnológicas se benefician de un régimen de promoción industrial. Sectores empresariales han expresado preocupación, argumentando que la eliminación de aranceles podría perjudicar la industria local y afectar el empleo. Sin embargo, otros actores ven la propuesta como una oportunidad para modernizar el sistema de incentivos y abrir el mercado a una mayor competitividad.