El intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo, cuestionó la prisión preventiva dictada contra dos jóvenes acusados por el ataque a Patricio Ledezma a la salida de un boliche en Tafí del Valle. Aseguró que la medida es “injustificada y desproporcionada” y rechazó que el caso pueda compararse con el crimen de Fernando Báez Sosa.

Molinuevo habló tras participar de una marcha en Concepción en respaldo a los detenidos, Santiago Bagne, de 18 años, y César Máximo Carreras, de 19. Su presencia generó polémica y críticas desde distintos sectores políticos y sociales. El jefe municipal explicó que asistió a título personal y profesional. “Fui como vecino y como abogado, porque se tomó una decisión apresurada, sin fundamentos ni pruebas”, sostuvo.

El intendente remarcó que la prisión preventiva es una medida excepcional y que, a su entender, no se cumplen los requisitos legales. “No hay peligro de fuga, no hay riesgo de entorpecer la investigación y no hay pruebas que los comprometan”, afirmó.

También relató lo ocurrido durante la audiencia judicial, a la que asistieron más de 50 abogados. Señaló que el informe médico daba cuenta de lesiones leves y que los videos analizados no acreditan la participación directa de los acusados. Pese a ello, el juez resolvió dictar 30 días de prisión preventiva en una cárcel de máxima seguridad. “No fue una simple detención, fue una prisión preventiva absolutamente innecesaria”, cuestionó Molinuevo.

El intendente aclaró que no justifica ningún hecho de violencia y expresó su solidaridad con la víctima. Sin embargo, advirtió que “no se puede meter presos a inocentes para dar un mensaje”.

Uno de los ejes de sus declaraciones fue el rechazo a la comparación con el caso Báez Sosa. “No hubo patota, no hubo premeditación ni intención de matar, eso no surge del expediente”, afirmó. Molinuevo advirtió sobre una condena social anticipada contra los jóvenes. Sostuvo que se instaló una imagen de “patoteros y delincuentes” sin que exista una sentencia judicial.

Además, denunció una presunta injerencia del Poder Ejecutivo provincial en la causa. Aseguró que declaraciones públicas de Osvaldo Jaldo condicionaron la decisión judicial. “Cuando el gobernador dice que son patoteros y que van a ir a Benjamín Paz, presiona al juez”, afirmó. Según Molinuevo, la libertad debía haberse otorgado para continuar la investigación.

El intendente también cuestionó el procedimiento policial utilizado para las detenciones. Dijo que se trató de un operativo desmedido, con intervención del Grupo CERO y violencia contra familiares.

Por último, rechazó versiones sobre un vínculo personal con las familias de los detenidos. Negó favoritismos y sostuvo que su postura responde únicamente a lo que considera una injusticia.

También expresó su preocupación por la estigmatización del rugby y del club Huirapuca. Afirmó que no se puede condenar a una institución ni a un deporte sin pruebas y recordó que el club cuenta con mecanismos disciplinarios internos.