El Gobierno nacional modificó los requisitos para mantener las pensiones no contributivas o las asignaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Las autoridades buscar fortalecer los controles frente a las distintas prestaciones que brinda el organismo. Uno de los requisitos especificados en las nuevas disposiciones para al beneficio es el de residir en el país. Quienes incumplan la normativa serán suspendidos del sistema.

Mediante la resolución 918/2024, el Gobierno regulará a partir de ahora el requisito de residencia en el país para la obtención y/o percepción de algunos de estos beneficios. La misma plantea que “la persona titular o generadora de derecho, según corresponda, no cumple con dicho requisito cuando se haya ausentado del territorio de la República Argentina por un período superior al de 90 días corridos”. «Se utilizará la información obrante en las distintas bases de datos de la ANSES y aquella remitida por la Dirección Nacional de Migraciones, en el marco de los convenios vigentes entre ambos organismos”, señala el texto.

“Verificado el incumplimiento del requisito de residencia, se procederá a la suspensión del beneficio, hasta tanto la persona titular solicite la activación del mismo y se demuestre fehacientemente que se encuentra nuevamente residiendo en el país, excepto cuando se trate de prestaciones respecto de las cuales, dicho incumplimiento, implique la pérdida de derecho, en cuyo caso se procederá a la baja de las mismas”, dispuso el Ejecutivo. Lo mismo sucederá para quienes cobren la bonificación por zona austral.

Mayor control

El Gobierno mantiene un fuerte proceso de fiscalización y auditoría de las asignaciones y prestaciones otorgadas a través de ANSES. A raíz de una auditoría en torno a las pensiones por invalidez laboral, se descubrió que miles de beneficiarios vivían en el exterior, habían fallecido o trabajaban en municipios. La maniobra representaría un desvío de fondos cercano a los 2.000 millones de dólares anuales. En ese contexto, el Ejecutivo explicó que “la nueva normativa busca corregir estos desvíos y restablecer la confianza en el sistema de pensiones”.