Tras la denuncia penal de la SAT contra una empresa por la extracción irregular de agua en Yerba Buena, el Gobierno provincial suma reclamos y solicita medidas ejemplificadores en la justicia. A través de una conexión clandestina, un productor agrícola extraía agua del acueducto Sierra de San Javier para utilizarla luego para el riego de cultivos. La presunta maniobra ilegal habría afectado a cientos de vecinos de la zona al quedar sin agua para sus viviendas. La fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls se refirió al tema y calificó esta conducta como «un salvajismo».

La fiscal de Estado destacó que la posición de la Provincia como parte querellante en la causa que investiga la situación. «La gravedad de la inconducta amerita que se tomen cartas en el asunto”, aseveró la funcionaria. “La Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) descubrió que en Yerba Buena la mitad de la comunidad se había quedado sin agua. Todo a raíz de que había una conexión clandestina que llevaba agua a un depósito de un propietario lindante con el acueducto. Eso formó una especie de reservorio de agua absolutamente contrario a la ley», explicó la funcionaria.

Fue un salvajismo, porque pensar en una conexión ex profeso para atender un comercio de una explotación rural y que la persona no haya dimensionado que iba a dejar sin agua a toda una población es una situación de mucha gravedad. La Provincia va a exigir la investigación, la condena y eventualmente el resarcimiento por esta conducta reprochable del propietario del fundo donde se encontró el reservorio clandestino”, indicó. La funcionaria destacó el trabajo conjunto llevado a cabo por el Ejecutivo y los abogados de la SAT. “Ellos hicieron lo que les toca, que es defender la tarea de la empresa, y la Provincia en el rol de cuidadora de los intereses de la sociedad, de una comunidad que se ha visto perjudicada, remarcó.

Sanción Penal

«No hay ninguna especulación de convertir esta inconducta en una obra de resarcimiento económico; si es que la hay, vendrá después de la sanción penal. No es solo un hecho puntual que debe ser considerado por la justicia, sino un aviso de que la Provincia no va a dejar pasar estos actos. A veces se interpreta que cuando la persona en infracción tiene cierto poder económico, hay una especie de tolerancia o de impunidad. La verdad es que queremos mostrar que esa impunidad y esa tolerancia no existen. Vamos a buscar responsabilidades y vamos a pelear en los tribunales para que se hagan efectivas”, sentenció.