La Cámara de Diputados aprobó la reforma de la Ley de Glaciares con 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones, en una sesión que dejó un dato político claro: la mayoría de los representantes tucumanos acompañó la iniciativa impulsada por el oficialismo. Siete de los nueve diputados nacionales por la provincia votaron a favor, uno lo hizo en contra y otro estuvo ausente al momento de la definición.

Respaldaron la modificación Mariano Campero, Elia Marina Fernández, Gerardo Huesen, Gladys Medina, Soledad Molinuevo, Javier Noguera y Federico Agustín Pelli. En tanto, Carlos Cisneros votó en contra y Pablo Yedlin no estuvo presente en el recinto. El resultado expuso un alineamiento mayoritario de la representación tucumana con el proyecto, en sintonía con el posicionamiento que había adelantado el gobernador Osvaldo Jaldo en la previa del debate.

Con el apoyo del PRO, la UCR y bloques provinciales, el oficialismo logró reunir el quórum y avanzar con una reforma que ya contaba con media sanción del Senado. La norma fue girada al Poder Ejecutivo para su promulgación y marca un cambio relevante en el esquema de protección ambiental vigente desde 2010.

El eje central de la modificación apunta a otorgar mayor margen de decisión a las provincias, especialmente en aquellas con desarrollo o potencial minero. En ese sentido, se redefine el alcance de la protección sobre las zonas periglaciares y los denominados glaciares de escombros, que hasta ahora estaban resguardados de manera amplia por la legislación original.

A partir de la reforma, la protección estricta quedará limitada a aquellas áreas que tengan una “función hídrica comprobada o relevante”. Esto implica que solo los sectores considerados estratégicos para el recurso hídrico mantendrán un resguardo total, mientras que el resto podría quedar habilitado para actividades productivas y extractivas.

El cambio abre la puerta a intervenciones en territorios que antes estaban protegidos en forma general, lo que generó cuestionamientos de especialistas y organizaciones ambientales por el posible impacto sobre reservas clave de agua dulce. Desde el oficialismo, en cambio, sostienen que la medida fortalece la autonomía provincial y permite un manejo más flexible de los recursos naturales.