El Gobierno nacional volvió a quedar frente a una tensión que atraviesa toda su estrategia económica: cómo sostener la meta de superávit primario en un contexto en el que distintas normas ya aprobadas o en marcha empiezan a empujar el gasto o a recortar ingresos. La discusión no es menor, porque el equilibrio fiscal sigue siendo la principal bandera del programa que Javier Milei puso en marcha desde el inicio de su gestión.

Según un informe de PwC, hay al menos tres iniciativas que podrían complicar ese objetivo durante 2026. Se trata de la reforma laboral, la ley de financiamiento universitario con recomposición salarial docente y la emergencia en discapacidad. En conjunto, el costo de esas medidas podría alcanzar el 0,75% del PBI este año, un porcentaje lo suficientemente alto como para incomodar la meta oficial de cerrar con un superávit primario del 1,5%.

Las tres normas que más inquietan al equipo económico

La reforma laboral aparece como el primero de esos factores de presión. El informe calcula que su costo fiscal de base equivale al 0,15% del PBI, una cifra vinculada a la eliminación de impuestos internos y a la menor recaudación asociada al Fondo de Asistencia Laboral, creado para financiar despidos. Ese impacto podría incluso subir a 0,18% del producto si se aplican las alícuotas máximas previstas.

A eso se suman otras dos leyes sancionadas durante 2025 y que, según el análisis, podrían tener un efecto todavía más pesado sobre las cuentas públicas. Una es la de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente. La otra, la de Emergencia Nacional en Discapacidad. Ambas, de acuerdo con el texto, hoy no están siendo cumplidas por el Gobierno.

Universidades y discapacidad, dos frentes abiertos

En el caso del financiamiento universitario, PwC estima un costo del 0,23% del PBI. Esa proyección coincide con los cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso y parte de la idea de restituir las transferencias a las universidades nacionales a valores reales de 2023. Sin embargo, la aplicación plena de esa norma todavía está en duda porque la ley sigue judicializada y el oficialismo presentó una alternativa de menor costo.

La ley de emergencia en discapacidad, en cambio, muestra un margen más amplio de impacto. El informe la ubica entre 0,25% y 0,48% del PBI. Aunque la norma ya fue reglamentada, el Poder Ejecutivo adelantó que analiza una contrapropuesta que todavía no fue formalizada. Para hacer la cuenta total, PwC tomó un punto intermedio de 0,37% del PBI.

Con esos números sobre la mesa, la suma de las tres medidas lleva la presión fiscal potencial hasta el 0,75% del producto. Es decir, la mitad exacta de la meta de superávit primario que el Gobierno se fijó para este año. Por eso, el punto dejó de ser técnico y pasó a convertirse en una discusión central sobre la sustentabilidad del programa económico.

De dónde espera el Gobierno sacar el margen

El informe, sin embargo, no se queda solo en el problema. También enumera una serie de factores que podrían servir para compensar esa mayor presión sobre el gasto. El primero de ellos es la baja en los subsidios energéticos, un rubro que desde 2023 viene mostrando una reducción cercana a medio punto del PBI por año.

Esa tendencia, según el documento, se profundiza con el nuevo esquema de subsidios focalizados que comenzó a regir en febrero de 2026. En otras palabras, el recorte en asistencia energética seguiría siendo uno de los principales colchones para sostener el equilibrio fiscal, incluso frente a nuevas obligaciones de gasto.

Privatizaciones y concesiones como refuerzo extraordinario

Otro elemento que aparece en la cuenta oficial es el ingreso de recursos extraordinarios por privatizaciones y concesiones. En enero, el Tesoro ya había recibido fondos equivalentes a 0,12% del PBI por la adjudicación de represas hidroeléctricas del Comahue. A eso podrían sumarse durante el año nuevos ingresos por ventas o licitaciones vinculadas a AySA, CITELEC e Intercargo.

Las estimaciones de mercado incluidas en el análisis calculan que esas operaciones aportarían unos USD 783 millones adicionales, equivalentes a cerca de 0,13% del PBI. Sumado a lo ya ingresado, el paquete completo rondaría el 0,25% del producto. Esa cifra no resuelve todo el problema, pero sí aparece como una pieza importante dentro del esquema de compensación que imagina el oficialismo.

El ajuste sobre salarios públicos ya muestra menos margen

El tercer factor que identifica PwC es la reducción del gasto en salarios del sector público. Sin embargo, ahí el margen ya luce mucho más estrecho. En 2025, la masa salarial de la administración nacional representó el 1,9% del PBI, uno de los niveles más bajos de la última década.

Ese descenso fue el resultado de una caída acumulada de 0,7 puntos del PBI entre 2023 y 2025 y de una reducción del 18,8% en la dotación de personal entre noviembre de 2023 y enero de 2026. Aun así, el informe considera que todavía podría haber un ajuste adicional de alrededor de 0,1% del PBI durante este año, aunque bastante más limitado que en etapas anteriores.

Una meta que sigue en pie, pero con menos holgura

Si se suman esos tres factores compensatorios —menos subsidios, ingresos por privatizaciones y un nuevo recorte en salarios públicos— el informe calcula un alivio potencial de hasta 0,85% del PBI. Ese número, al menos en el papel, alcanzaría para neutralizar el costo de las tres normas que hoy presionan sobre las cuentas del Estado.

La conclusión, entonces, es doble. Por un lado, el Gobierno enfrenta nuevas tensiones fiscales que podrían recortar parte del margen que había logrado construir. Por otro, todavía conserva herramientas para intentar sostener la meta de superávit. El problema es que varias de esas herramientas ya fueron usadas con fuerza en los últimos dos años y cada vez dejan menos espacio para seguir ajustando sin costo político o económico.