El Ministerio de Justicia, que absorbió las funciones del ex Ministerio de la Mujer, dio a conocer los resultados de una auditoría sobre 13 programas que fueron desarticulados desde el inicio de la gestión de Javier Milei. El informe detalló un manejo deficiente de fondos públicos, ausencia de mecanismos de control y falta de coherencia entre las áreas.

Uno de los principales hallazgos fue la entrega sistemática de subsidios sin procedimientos formales de evaluación ni seguimiento. En varios casos, no se hallaron informes técnicos que justificaran el otorgamiento ni documentación que acredite el cumplimiento de objetivos.

Superposición de funciones y estructuras duplicadas

La auditoría también detectó una multiplicación de áreas con competencias similares. Programas como “Acercar Derechos” y “Igualar” presentaban misiones institucionales que se solapaban, con personal y recursos duplicados.

Según explicaron desde Justicia, esto generaba un gasto innecesario y una distribución poco eficiente de los recursos del Estado, sin impacto verificable en las poblaciones destinatarias.

MenstruAR: más compras que entregas

Uno de los casos que más llamó la atención fue el del programa MenstruAR. Según la revisión administrativa, el Estado adquirió 18.616 copas menstruales a través de licitaciones públicas, pero solo logró distribuir 1.200.

Las restantes permanecen almacenadas, sin un plan concreto de entrega ni registro formal que indique en qué provincias o sectores debían repartirse. La diferencia entre el volumen de compras y la ejecución efectiva fue señalada como “grave” por los auditores.

Evaluación de impacto nula

El Ministerio de Justicia destacó que ninguno de los programas relevados contaba con una evaluación de impacto que permitiera medir resultados en función de objetivos trazados. Tampoco se hallaron indicadores de cumplimiento ni reportes periódicos que justificaran la continuidad de las acciones.

Por este motivo, señalaron que la decisión de eliminar los programas respondió a criterios de eficiencia administrativa, reducción del gasto y ordenamiento de estructuras.

Nueva etapa bajo otro enfoque

Con la eliminación de las áreas dependientes del ex Ministerio de la Mujer, el Gobierno anunció una reorganización de las políticas vinculadas a género, centradas en la gestión de violencia intrafamiliar a través de mecanismos judiciales y policiales.

En paralelo, desde el Ejecutivo afirman que continuarán garantizando la protección de víctimas, pero con dispositivos que se integren al sistema penal y que no requieran estructuras políticas sobredimensionadas.