El Palacio de Hacienda trabaja contrarreloj en los detalles finales del Presupuesto 2026, que volverá a presentarse públicamente en cadena nacional el próximo lunes, con la exposición a cargo del presidente Javier Milei. La meta oficial es clara: sostener un sendero de superávit primario y financiero, incluso en un año más exigente que el actual.

Sin embargo, el Ministerio de Economía anticipa un escenario más ajustado de lo previsto. La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) y distintas consultoras coinciden en que los proyectos recientemente aprobados en el Parlamento representan un costo adicional cercano al 1% del PBI, lo que obligará al oficialismo a definir nuevas partidas de recorte o a aplicar mayor disciplina sobre el gasto no automático.

Las tensiones políticas con gobernadores y Congreso

El debate por los fondos públicos se da en un clima de alta tensión política tras la derrota de La Libertad Avanza en Buenos Aires. Gobernadores y bloques opositores avanzaron con iniciativas como el reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), cambios en impuestos a los combustibles, financiamiento universitario y la emergencia sanitaria del Hospital Garrahan. El Ejecutivo anticipó que vetará todas esas leyes por considerar que son fiscalmente inviables.

En paralelo, el Gobierno busca recomponer puentes con mandatarios provinciales en vistas a las elecciones de octubre, aunque en el Palacio de Hacienda reconocen que la presión sobre el gasto obliga a definir un esquema más severo de administración fiscal.

El superávit y la “regla fiscal”

Entre los lineamientos que se incluirán en el proyecto, Economía planea reinstalar una “regla fiscal” que permita recortar partidas discrecionales en caso de contingencias. En esa categoría quedarían subsidios, transferencias a provincias y programas sociales, mientras que las jubilaciones permanecerán protegidas bajo la fórmula indexada por inflación.

De acuerdo con estimaciones de la OPC, un 78% de los recursos se mantendría intocable y el 22% restante estaría sujeto a ajuste. Esta herramienta ya había sido contemplada en el Presupuesto 2025, aunque nunca llegó a debatirse en el Congreso.

Advertencias de las consultoras

Distintos centros de análisis económico advierten sobre las dificultades que plantea el escenario. Fundación Mediterránea proyecta que, para alcanzar la meta de superávit primario de 1,6% del PBI en 2025, el gasto no automático debería caer 12% en términos reales entre agosto y diciembre. Si se suman las nuevas leyes, la reducción debería ser aún más profunda, en torno al 14%.

Macroview calculó que los proyectos aprobados implican 0,85% del PBI en gasto adicional, mientras que la meta acordada con el FMI exige que en 2026 el superávit primario se acerque al 2,2% del producto.

Los mayores recortes se concentran en subsidios energéticos y transferencias a empresas públicas. Solo en los primeros siete meses de 2025, esas partidas ya mostraron caídas de 56% y 41% interanual, respectivamente.

Una hoja de ruta en disputa

La presentación del Presupuesto 2026 se dará en un marco de disputa política y económica. Para el Gobierno, blindar el superávit es la condición para sostener la estabilidad y cumplir con los compromisos internacionales. Para la oposición y los gobernadores, en cambio, los recortes proyectados impactarán en áreas sensibles y podrían tensionar aún más la relación entre la Casa Rosada y las provincias.

El Congreso tendrá la última palabra en un debate que, como en años anteriores, definirá buena parte del rumbo político y económico de la Argentina.