El Poder Ejecutivo presentó ante el Congreso un proyecto de reforma integral del Código Penal que endurece penas, elimina beneficios para condenados y establece la aplicación obligatoria del sistema acusatorio en todo el país. La iniciativa apunta a reforzar el combate contra la inseguridad con un esquema de «tolerancia cero».

Endurecimiento de penas

El proyecto establece un aumento de los límites mínimos y máximos de prisión en numerosos delitos, además de crear figuras agravadas y tipificaciones específicas para nuevas modalidades delictivas. Entre los cambios más relevantes figuran:

  • Homicidio simple: de 8-25 años a 10-30 años de prisión.
  • Lesiones leves: de 1 mes-1 año a 1-3 años.
  • Lesiones por conducción imprudente: de 1-3 años a 2-6 años.
  • Abuso de armas: disparar sin herir puede alcanzar hasta 6 años.
  • Amenazas: hasta 8 años en caso de mediar armas o anonimato, y hasta 10 si buscan forzar conductas.
  • Hurto: el mínimo sube de 1 mes a 1 año y el máximo de 2 a 3 años.
  • Robo con violencia: hasta 10 años, con nuevas figuras para robos callejeros y de “motochorros”.
  • Estafa: de 1 mes-6 años a 1-8 años más multa.
  • Usurpación: de 6 meses-3 años a 3-10 años; agravada hasta 12 años.

Delitos contra la integridad y la administración pública

La reforma también contempla incrementos en delitos sensibles:

  • Pornografía infantil: de 3-6 años a 3-9 años, con agravantes que elevan el mínimo a 4 años.
  • Posesión de pornografía infantil para distribución: hasta 12 años.
  • Privación ilegal de la libertad: de 6 meses-3 años a 1-4 años.
  • Trata de personas: en modalidad agravada, hasta 15 años de prisión.
  • Falso testimonio y cohecho: endurecimiento de sanciones, con penas más altas para funcionarios de jerarquía.

Imputabilidad y delitos juveniles

Uno de los puntos más polémicos es la reducción de la edad de imputabilidad, que pasa de 16 a 13 años. El argumento oficial es que los adolescentes ya comprenden la criminalidad de sus actos y que la normativa vigente facilita su captación por organizaciones delictivas.

Sistema acusatorio

La iniciativa plantea la implementación obligatoria del sistema acusatorio en reemplazo del modelo inquisitivo. De este modo, el fiscal será responsable de investigar y acusar, mientras que los jueces quedarán como árbitros del proceso. El objetivo es agilizar los juicios penales, dotarlos de mayor transparencia y garantizar derechos de defensa más claros.

El proyecto será discutido en el Congreso en las próximas semanas. El oficialismo espera reunir respaldo político suficiente para su aprobación, mientras que especialistas ya anticipan un fuerte debate sobre el alcance real de las reformas y sus posibles impactos en el sistema judicial.