La reforma laboral que el Gobierno presentó como uno de sus principales avances en materia económica todavía no está plenamente operativa. Aunque la ley ya fue promulgada, la falta de reglamentación mantiene en suspenso varios artículos centrales y complica su aplicación práctica en empresas, negociaciones salariales y esquemas de contratación.

El decreto reglamentario de la Ley 27.802 de Modernización Laboral sigue en elaboración y, por ahora, no tiene fecha definida. Según trascendió, el texto se trabaja de manera conjunta entre la Secretaría de Trabajo, la Secretaría Legal y Técnica, el Ministerio de Desregulación y también el Ministerio de Economía, que tiene a cargo los puntos vinculados con impuestos, rebajas impositivas y el nuevo Fondo de Asistencia Laboral.

Qué puntos siguen trabados

Uno de los aspectos más relevantes que todavía no pueden ponerse en marcha es el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), uno de los ejes más sensibles de la reforma. La iniciativa busca reemplazar el esquema tradicional de indemnizaciones por un mecanismo de ahorro obligatorio y acumulativo para cubrir despidos en el sector privado, con la intención de reducir la litigiosidad y, al mismo tiempo, canalizar fondos hacia el mercado de capitales local.

La normativa vigente establece que este sistema debería estar operativo en junio, pero la reglamentación todavía no salió. Mientras tanto, la Comisión Nacional de Valores trabaja en la definición de sus parámetros, aunque el Ministerio de Economía continúa afinando la letra chica que necesita ese instrumento para empezar a funcionar.

El impacto sobre empresas y paritarias

La demora ya empezó a generar efectos concretos. Durante las negociaciones salariales del Sindicato de Camioneros, algunas cámaras empresariales del interior pidieron abrir discusiones por región o por empresa, una posibilidad contemplada en la reforma, para no quedar obligadas a aplicar aumentos generales que aseguran no poder afrontar. Sin embargo, la respuesta oficial fue negativa: sin reglamentación, la ley no se puede aplicar plenamente.

Ese episodio dejó a la vista uno de los principales problemas de esta etapa. La reforma fue sancionada, pero mientras no aparezca el decreto reglamentario, varias de las herramientas que prometía siguen bloqueadas. Eso genera incertidumbre no solo para las empresas, sino también para estudios laborales, cámaras empresarias y sindicatos que intentan interpretar qué ya rige y qué todavía está en pausa.

Qué artículos ya están vigentes

En la Casa Rosada sostienen que no toda la ley necesita reglamentación. Entre los puntos que el oficialismo considera operativos desde la promulgación aparecen el fin de la ultraactividad de los convenios. También la regulación del derecho de huelga en servicios esenciales y el tope del 2% para las cuotas solidarias. Un cambio que impacta directamente en el financiamiento sindical.

También hay modificaciones en la Ley de Contrato de Trabajo que, según especialistas, ya pueden aplicarse. Entre ellas figuran cambios en el principio de irrenunciabilidad, la posibilidad de acuerdos individuales voluntarios entre empleador y trabajador, nuevas reglas ante cambios abusivos en las condiciones laborales y una mayor flexibilidad para el otorgamiento de vacaciones.

Lo que todavía necesita letra fina

Pero no todos los artículos corren con la misma suerte. Existen capítulos que, por su complejidad técnica, necesitan una reglamentación específica. Entre ellos aparece la eliminación del artículo 52, referido al libro de sueldos y jornales. Y que deberá ser reemplazado por un sistema de registración exclusivamente administrado por ARCA.

También sigue pendiente la reglamentación del certificado de trabajo digital, que permitiría al empleador quedar eximido de su entrega física si el trabajador puede acceder a él de manera virtual a través de ANSES o ARCA. A eso se suman las disposiciones sobre fomento del empleo y modalidades de contratación con reducción de contribuciones. Y que todavía esperan el marco normativo que termine de activarlas.

La CGT, afuera de la discusión

En el sindicalismo también siguen de cerca la demora. La CGT tenía expectativas de participar en la redacción del decreto reglamentario con la intención de morigerar algunos artículos que recortan poder gremial o afectan derechos laborales. Sin embargo, hasta ahora no fue convocada para intervenir en esa instancia.

Ese dato alimenta otra lectura sobre la demora: además de la complejidad técnica, el Gobierno parece decidido a avanzar con una reglamentación acotada y sin demasiadas negociaciones con el mundo sindical. De hecho, en el oficialismo repiten que la intención es “reglamentar lo mínimo posible”. Una definición que ya anticipa que la pelea por el alcance real de la reforma recién empieza.

Una ley sancionada, pero todavía incompleta

La reforma laboral fue uno de los éxitos políticos que el Gobierno celebró en el Congreso. Sin embargo, casi un mes después de su promulgación, buena parte de sus cambios sigue atrapada entre borradores, discusiones técnicas y áreas del Estado que todavía no terminan de cerrar el texto final.

Mientras tanto, la ley quedó en una zona gris. Algunas partes ya están vigentes y empiezan a impactar en las relaciones laborales, pero otras todavía no pueden ejecutarse. El resultado es un escenario de transición confuso, donde la reforma existe, pero todavía no termina de empezar.