El Gobierno provincial creó un área para la recuperación de tierras que fueron usurpadas.  A través de un Decreto, el gobernador Osvaldo Jaldo oficializó la creación de la Unidad Ejecutora de Protección Jurídica del Medio Ambiente y el Patrimonio Cultural. Esta estructura operará dentro de la Fiscalía de Estado y coordinará acciones legales para proteger los bienes estatales. La polémica por las usurpaciones estalló con el caso de El Mollar y desde entonces, el Ejecutivo planteó un giro absoluto en el tratamiento de estos delitos. En ese sentido, el mandatario provincial aseguró que combatirán de forma implacable estos delitos en todo el ámbito de la provincia.

Cómo funcionará el área

El Decreto Acuerdo 4/1 establece que la nueva unidad ejecutora tendrá nivel de dirección y funcionará dentro de la Fiscalía de Estado que dirige Gilda Pedicone de Valls. Su objetivo principal será agilizar la gestión judicial en defensa del patrimonio provincial, el medio ambiente y la biodiversidad.  Las funciones incluyen iniciar demandas en ámbitos provinciales y nacionales, promover acciones civiles y penales para recuperar bienes públicos y coordinar con otros organismos. Además, deberá supervisar estrategias procesales y mantener informadas a las autoridades sobre los litigios en curso.  

Críticas a las gestiones anteriores

La fiscal de Estado sostuvo que el Gobierno no tuvo celeridad para tratar estos temas en años anteriores, sin embargo, advirtió que recuperarán cada uno de los sitios tomados. «El Estado no mostró todo el empeño en evitarlo ni en recuperarlo cuando ocurría» señaló. «Hemos visto casos graves: un pozo de agua usurpado, parte de una escuela tomada y hasta una comisaría afectada», apuntó. «Vamos a salir área por área, distrito por distrito, verificando qué bienes del Estado fueron afectados» agregó.

Pedicone adelantó que la Provincia iniciará acciones administrativas y judiciales para recuperar esos terrenos.  Además, la nueva área también estará avocada a evitar futuras ocupaciones. En el último tiempo, el Estado perdió 10 hectáreas en el Loteo La Quebradita, en Tafí del Valle, tras una decisión de la Corte Suprema de Tucumán. Además, otras 46 hectáreas están en riesgo, lo que generó la intervención de la Legislatura.  

“Hemos acudido en la Justicia donde se resuelven cualquier tipo de conflictos y como gobierno para que la provincia pueda recuperar los terrenos recurrimos a la justicia que dictó diferentes fallos y dio la razón al gobierno provincial en las diferentes instancias protegiendo el patrimonio de los tucumanos. Queremos colaborar con la Justicia en los tiempos que consideren pero hay un fallo claro de restitución y desalojo de los terrenos. En todos los lugares donde tengamos información donde se generaron acciones de usurpación vamos a accionar. El Mollar hoy es un caso emblemático, pero puede haber otros”, concluyó la fiscal de Estado.