El Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto de Ley de Derogación de Legislación Obsoleta, más conocido como “ley hojarasca”, con el que busca eliminar cerca de 70 normas que siguen vigentes pese a haber quedado fuera de época, sin aplicación real o superadas por leyes posteriores. En la lista aparecen desde disposiciones llamativas, como el carnet obligatorio para mochileros o el registro de palomas mensajeras, hasta beneficios impositivos, premios, comisiones y fondos estatales que el oficialismo considera innecesarios.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Desregulación que conduce Federico Sturzenegger, combina dos ejes. Por un lado, el recorte de leyes que hoy resultan anacrónicas por el paso del tiempo, el avance tecnológico o cambios normativos posteriores. Por otro, una nueva poda sobre estructuras, aportes y organismos que el Gobierno quiere desfinanciar o directamente dejar atrás bajo la lógica de la motosierra.

Una limpieza legal con varias normas insólitas

Entre las normas que el proyecto quiere borrar hay varias que, por su contenido, llaman la atención. Una de ellas es la ley 20.802 de 1974, que establecía un carnet de mochilero obligatorio para quienes quisieran trasladarse con fines turísticos pidiendo ayuda a terceros. Según el texto oficial, esa norma habilitaba incluso detenciones policiales sin causa y hoy choca de frente con el derecho a la libre circulación.

Otra de las más llamativas es la ley 27.171 de 2015, que obligaba a la Federación Colombófila Argentina a constatar el año de nacimiento y la matrícula de las palomas mensajeras de carrera que integraban un registro nacional. Para el Gobierno, se trata de una injerencia estatal innecesaria en una actividad privada y asociativa.

De los azotes a la televisión en color

El proyecto también propone derogar la ley 94 de 1864, que inhabilitaba por diez años a cualquier autoridad que hiciera azotar a una persona. El argumento oficial es que la pena de azotes está prohibida por la Constitución y que la norma quedó completamente fuera de tiempo.

Dentro de esa misma lógica aparece la ley 21.895 de 1978, que autorizaba las emisiones de televisión a color. Para el oficialismo, una norma de ese tipo no solo perdió sentido, sino que además resulta regresiva porque parte de la idea de que el Estado debe habilitar una actividad que no perjudica a terceros. En la misma bolsa también entran distintas leyes sobre microfilmación en el Ejército, la Armada y organismos públicos, todas desplazadas por el salto digital.

La motosierra también llega a fondos, premios y entidades

Más allá del costado pintoresco, la “ley hojarasca” también avanza sobre estructuras y financiamientos concretos. Una de las decisiones es quitar el aporte estatal al Círculo de Legisladores de la Nación Argentina, bajo el argumento de que quienes quieran integrar esa entidad pueden sostenerla con fondos propios.

La misma lógica se aplica a la Federación Argentina de Municipios, cuya financiación desde el Estado nacional el Gobierno quiere cortar. En paralelo, el proyecto deroga normas que sostenían premios y programas oficiales, como el Premio Nacional a la Calidad y distintos reconocimientos a actividades culturales, productivas o vinculadas a la prevención de adicciones.

Beneficios, privilegios y obligaciones que ya no tienen sentido

La lista incluye leyes que concedían exenciones impositivas o beneficios hoy considerados injustificados. Ahí aparecen, por ejemplo, ventajas para compañías de seguro agrícola, regímenes especiales para ciertos sectores productivos, privilegios de circulación y estacionamiento para legisladores y hasta descuentos para artistas teatrales en servicios prestados por empresas estatales.

También se propone eliminar obligaciones que, según el Gobierno, solo agregan burocracia. Entre ellas, la que obligaba a empresas de transporte a exhibir material promocional de turismo, la que exigía reportar interrupciones de obra con balances detallados o la que ordenaba a medios estatales difundir temas turísticos durante una hora diaria.

Cambios sobre cultura, medios y propiedad extranjera

Otro capítulo fuerte del proyecto toca leyes vinculadas a la cultura, la comunicación y la inversión. El oficialismo quiere derogar la llamada ley de Bienes Culturales, que limitaba al 30% la participación extranjera en medios de comunicación. Según el texto, esa restricción es inconstitucional y desincentiva inversiones.

En la misma línea se eliminan leyes que declaraban de interés nacional la difusión de la música argentina, la explotación del carbón o la investigación pública de medicamentos. En varios casos, el argumento es que eran normas meramente declamativas o atravesadas por una lógica de control estatal propia de otras épocas.

Qué dice el Gobierno sobre la reforma

Desde el Ministerio de Desregulación sostienen que muchas de estas leyes nunca tuvieron efectos concretos porque no fueron reglamentadas, perdieron objeto o quedaron absorbidas por normativas posteriores. La idea, según explican, es limpiar el sistema legal y reforzar el principio constitucional de que nadie necesita autorización estatal para hacer lo que la ley no prohíbe.

Esa mirada es la que atraviesa todo el proyecto. En algunos casos se trata de normas casi arqueológicas; en otros, de estructuras aún vigentes en los papeles. Lo que busca el Gobierno es usar ese combo para presentar la “ley hojarasca” como una poda legal y burocrática, aunque en el medio también aproveche para meter recortes y redefinir áreas financiadas por el Estado.

Un paquete que mezcla rarezas y ajuste

La iniciativa mezcla curiosidades jurídicas con decisiones de fondo. Por eso, más allá del impacto que generan leyes antiguas sobre mochileros, palomas mensajeras o televisión en color, el núcleo político del proyecto está en otro lado: achicar organismos, quitar aportes, cerrar programas y recortar toda norma que el oficialismo considere innecesaria o contraria a su visión del Estado.

En ese cruce entre desregulación y ajuste, la “ley hojarasca” buscará ahora su recorrido legislativo. Y ahí se verá si el Congreso acompaña una limpieza de normas obsoletas o si, detrás de esa idea, detecta una nueva avanzada de la motosierra sobre áreas mucho menos pintorescas que un carnet de mochilero.