El juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, levantó la medida cautelar de la Justicia que había ordenado al Gobierno nacional garantizar el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). La decisión se tomó después de que el Poder Ejecutivo destrabara una partida de $590.000.000 para sostener la actividad del organismo. El BNDG cumple un rol central en causas por apropiación de bebés durante la última dictadura y en procesos vinculados al derecho a la identidad.

La medida cautelar había sido solicitada por los fiscales Pablo Parenti y Gonzalo Miranda, de la Unidad Fiscal Especializada en Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado. El pedido surgió a partir de informes del propio Banco, que advertían limitaciones en recursos humanos y materiales. Según esos documentos, la situación afectaba los tiempos de entrega de resultados de ADN y la capacidad de responder a requerimientos judiciales y de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad.

El riesgo sobre los estudios de ADN

Los informes del BNDG habían señalado problemas para afrontar pagos a proveedores de servicios esenciales. Entre ellos aparecían seguridad, mantenimiento informático y condiciones ambientales necesarias para preservar material genético. Las autoridades del organismo advirtieron que la falta de recursos podía comprometer la continuidad de tareas sensibles y la cadena de custodia de las muestras.

El presupuesto aprobado para 2026 había cubierto solo el 55,96% del monto requerido por el Banco. Esa diferencia generó una situación de «extrema criticidad», según la presentación judicial. El riesgo alcanzaba tanto a la operación de los laboratorios como a la conservación de documentación y material biológico utilizado en investigaciones por delitos de lesa humanidad.

Abuelas de Plaza de Mayo también acompañó el reclamo de los fiscales. La organización, querellante en una causa por supresión de identidad, pidió medidas urgentes para garantizar el funcionamiento del organismo. En la presentación, firmada por Estela de Carlotto, remarcó el carácter irremplazable del archivo genético para avanzar en la restitución de identidades.

El giro de fondos y la decisión judicial

Hace dos semanas, Ramos Padilla había dictado una cautelar interina y requirió al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que dispusiera las medidas administrativas y presupuestarias necesarias. Luego, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete informó que los requerimientos habían sido tramitados. En ese mismo escrito, reconoció la necesidad de una compensación de crédito por $590.000.000 para asegurar la continuidad operativa del BNDG.

Una vez destrabado ese monto, el Juzgado Federal N°1 de La Plata consideró cumplida la finalidad de la cautelar. Por ese motivo, levantó la medida, aunque dejó abierta la posibilidad de nuevas acciones si no se cumplen los compromisos asumidos. La resolución señaló que el Banco es un organismo técnico esencial para causas vinculadas a apropiación de niños y delitos de lesa humanidad.

El juez destacó que los peritajes del BNDG fueron históricamente una herramienta central para determinar el verdadero origen biológico de víctimas de apropiación y supresión de identidad. También remarcó que, en numerosos casos, esos estudios constituyen la única prueba científica idónea para reconstruir vínculos familiares. Con el giro presupuestario, la Justicia dio por superado el riesgo inmediato de paralización, pero mantuvo bajo observación el cumplimiento efectivo de las medidas.