La Justicia de Neuquén resolvió archivar la denuncia presentada por representantes de comunidades mapuches contra los fiscales que ordenaron el desalojo de manifestantes encadenados en el acceso principal a la Casa de Gobierno. La decisión estuvo a cargo del fiscal Manuel Islas, quien concluyó que los integrantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) actuaron “legal y razonablemente” dentro de sus atribuciones.

El conflicto se había originado el 15 de julio, cuando un grupo de personas pertenecientes a distintas comunidades se encadenó en el ingreso del edificio ubicado en la capital provincial. La protesta exigía el otorgamiento de personerías jurídicas a cuatro comunidades que aún no cuentan con reconocimiento formal: Newen Kura, Fvta Xayen, Kelv Kura y Ragilew Cárdenas.

El operativo y las acusaciones

Cinco días después, ante la ampliación de la ocupación y la dificultad para el ingreso de empleados estatales, los fiscales Diego Azcárate y Pablo Vignaroli emitieron un oficio dirigido a la Policía provincial. Allí solicitaron que se identificara a los manifestantes, se los intimara a retirarse en un plazo de dos horas y, en caso de negativa, se procediera al desalojo con uso progresivo y razonable de la fuerza pública.

La Confederación Mapuche cuestionó de inmediato la medida, denunció un operativo desproporcionado y presentó cargos contra los fiscales y la Policía provincial. Sin embargo, tras revisar el material probatorio —incluidos videos, fotografías e informes médicos— el fiscal Islas sostuvo que el accionar “no fue antijurídico, sino adecuado a derecho”.

Detenidos y heridos durante el procedimiento

El operativo se llevó adelante el 20 de julio, con la participación de al menos 120 agentes de la Policía Metropolitana, unidades motorizadas, bomberos y personal médico. Se estableció un perímetro de seguridad de 200 metros y, según fuentes oficiales, se detuvo a 17 personas: 11 hombres fueron trasladados a la Comisaría Segunda y seis mujeres quedaron alojadas en la Comisaría 17.

Desde la Confederación Mapuche denunciaron que los detenidos fueron 22. Además, durante el procedimiento resultó herido un comisario inspector, que fue mordido por un manifestante, y un menor debió ser atendido en el hospital Castro Rendón.

Los fundamentos de la resolución judicial

El fiscal Islas argumentó que los representantes del MPF eligieron una medida “menos gravosa”, que priorizaba la integridad de los manifestantes y evitaba detenciones inmediatas. “La orden contemplaba primero la intimación a retirarse y solo en caso de incumplimiento se procedería al uso de la fuerza pública”, señaló en su resolución.

En ese sentido, consideró que tanto la Fiscalía como la Policía actuaron “en cumplimiento de sus deberes legales”, y descartó que se hubiera configurado el delito de abuso de autoridad. Con esa conclusión, dispuso el archivo del expediente.

El trasfondo del reclamo

El pedido de reconocimiento legal de las comunidades mapuches sigue en el centro del conflicto. La falta de personerías jurídicas las excluye de relevamientos territoriales y de la consulta previa, libre e informada, obligatoria en proyectos que puedan afectar sus tierras. El Gobierno provincial, por su parte, sostiene que los grupos no cumplieron con los requisitos formales y que la ocupación del edificio público alteraba el orden social.

El ministro de Coordinación, Jorge Tobares, había explicado que se intentó establecer una instancia de mediación, pero que fracasó por la postura intransigente de los manifestantes. Con el archivo de la denuncia, el debate vuelve a concentrarse en el plano político y administrativo, sin causas penales abiertas contra los fiscales ni contra la Policía.