La reciente ratificación de la Ley de Emergencia en Discapacidad por ambas cámaras del Congreso puso al Gobierno en una encrucijada política y económica. La normativa obliga a reasignar fondos para garantizar la continuidad de pensiones y prestaciones, pero en la Casa Rosada se busca frenar su aplicación.

“Voy a defender el equilibrio fiscal en todas las instancias que haga falta”, transmitió Javier Milei en reuniones privadas, donde pidió explorar alternativas legales que permitan postergar la implementación. El veto presidencial fue rechazado por el Parlamento y, en consecuencia, la ley quedó automáticamente promulgada.

La estrategia oficial

En paralelo, el Ejecutivo avanza con una doble vía: judicializar la norma o reglamentarla de manera restrictiva. El argumento central es el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, que obliga a identificar fuentes de financiamiento para todo gasto adicional.

“El caso de Discapacidad incrementa el gasto en 5000 millones de dólares. Vamos a ver de dónde lo sacamos”, justificó el vocero Manuel Adorni. Según adelantó, el oficialismo no aceptará poner en riesgo el superávit fiscal con una medida que no prevé recursos.

Movimientos en el Congreso y la oposición

La decisión del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, de reasignar partidas presupuestarias en otros rubros sin incluir a discapacidad desató nuevas críticas. Diputados opositores advirtieron que podrían impulsar una moción de censura si el Gobierno se niega a cumplir con lo establecido en la ley.

Organizaciones de prestadores, por su parte, ya evalúan presentar denuncias penales contra funcionarios por incumplimiento de deberes si no se efectivizan los pagos en las próximas semanas. La diputada Victoria Tolosa Paz pidió la restitución de las pensiones suspendidas y denunció incentivos para que empleados de la ANDIS eliminaran beneficios.

Los protagonistas de la estrategia

La conducción del plan recayó en el asesor Santiago Caputo, que coordina con el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal. En tanto, el interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Alejandro Vilches, informó que un equipo trabaja en la reglamentación de la ley, lo que muestra tensiones internas dentro del propio oficialismo.

El texto aprobado extiende la emergencia hasta 2027 y establece financiamiento para pensiones, actualización mensual de aranceles y beneficios tributarios a prestadores. También prevé la compatibilidad de la pensión con el empleo formal, lo que supone un cambio estructural en la política de discapacidad.

Próximos pasos

Con este panorama, el Gobierno enfrenta una disyuntiva: cumplir con la reasignación de partidas, reconocer la vigencia plena de la ley y asumir el costo fiscal, o apostar a la judicialización para dilatar su aplicación. En cualquier escenario, la tensión con la oposición y las organizaciones de la sociedad civil promete escalar en las próximas semanas.

Mientras tanto, los prestadores advierten que la continuidad de las prestaciones está en riesgo, y el Congreso presiona para que el Ejecutivo rinda cuentas sobre la ejecución presupuestaria.