La investigación por las compras de insumos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo capítulo y volvió a escalar en la Justicia. Los fiscales que intervienen en la causa pidieron 29 nuevas indagatorias al detectar posibles maniobras con sobreprecios, licitaciones direccionadas y presuntos pagos de coimas en contrataciones de insumos médicos de alto valor.

El dato fue revelado durante una emisión de Infobae al Regreso. El periodista Omar Lavieri sostuvo que los investigadores ya no analizan hechos aislados, sino un mecanismo más amplio dentro del organismo. Según explicó, la sospecha es que las compras realizadas desde la llegada de Javier Milei al Gobierno habrían funcionado bajo una lógica sistemática de negocios irregulares.

Qué investiga la Justicia

El pedido fue presentado por los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, quienes avanzaron sobre una nueva tanda de implicados en el expediente. La pesquisa se concentra en adquisiciones de insumos como sillas de ruedas, camas ortopédicas e implantes auditivos. Todos productos de alto costo y con fuerte impacto presupuestario.

De acuerdo con la reconstrucción judicial, las maniobras bajo sospecha incluían licitaciones amañadas y la participación de empresas vinculadas entre sí que simulaban competir para inflar precios. En ese esquema, una firma terminaba quedándose con el contrato, mientras otras compañías colaboraban para darle apariencia de legalidad al proceso.

Embargos y nuevos nombres bajo la lupa

Además de las indagatorias, los fiscales solicitaron el embargo de bienes de los implicados y de 16 compañías alcanzadas por la investigación. Esa medida fue pedida al juez federal Ariel Lijo, que subroga el juzgado donde tramita la causa y deberá resolver los próximos pasos del expediente.

Entre quienes deberán volver a declarar aparecen nombres que ya figuraban en etapas anteriores del caso. Como Diego Spagnolo, Daniel Garbellini, Miguel Ángel Calvete, Andrés Arnaudo y Federico Santich. Algunos de ellos ya habían sido procesados en meses anteriores por presuntas maniobras en el área de compras del organismo.

Cómo era la operatoria bajo sospecha

Según lo que surge del dictamen fiscal, las licitaciones habrían sido armadas con participación de empresas de un mismo grupo o vinculadas a las mismas familias empresarias. La lógica, siempre según la hipótesis judicial, era presentar varias ofertas para empujar los valores hacia arriba. Y garantizar que la adjudicación terminara beneficiando al actor previamente elegido.

Ese mecanismo permitía sostener contratos por cifras millonarias bajo una fachada formal. La investigación ya habla de montos que, en algunos casos, habrían alcanzado los 5.000, 6.000 o hasta 7.000 millones de pesos en un año en operaciones de este tipo.

Lo que viene en la causa

El expediente no se agota con esta tanda de indagatorias. Según las fuentes judiciales citadas en la investigación periodística, el caso ANDIS todavía tiene nuevas etapas por delante y podría seguir ampliándose en las próximas semanas.

En ese marco, también aparecen mencionadas otras firmas que todavía no fueron alcanzadas por esta instancia, pero que podrían quedar bajo análisis en futuras medidas. La investigación, por ahora, sigue avanzando sobre un entramado que la Justicia sospecha mucho más amplio que el ya expuesto hasta ahora.