El presidente Javier Milei autorizó la excusación del procurador del Tesoro de la Nación, Santiago Castro Videla, en el juicio por la expropiación de YPF, en el que Argentina enfrenta una condena por US$ 16.000 millones en Estados Unidos. La decisión fue formalizada a través del decreto 122/2025, que acepta el pedido del funcionario de no intervenir en el caso por razones de «decoro y delicadeza». En su lugar, la defensa del Estado quedará en manos del subprocurador Juan Ignacio Stampalija.

La salida de Castro Videla del proceso responde a su vínculo con el estudio Bianchi, Galarce & Castro Videla, el cual colaboró con un bufete de abogados norteamericano que participó en el juicio en Nueva York. Burford Capital, el fondo que demandó a Argentina, presentó como testigos al constitucionalista Alberto Bianchi, socio del procurador, junto con Alejandro Garro y Alfredo Rovira, quienes expusieron sobre el sistema judicial argentino y el rol de YPF en la estructura del Estado.

El decreto firmado por Milei también exime a Castro Videla de intervenir en otro litigio en la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, en el caso del Grupo Concesionario del Oeste contra el Estado Nacional.

El pedido de reconsideración del fallo

Mientras tanto, el caso YPF podría tomar un giro inesperado. La jueza Loretta Preska consultó a las partes sobre la viabilidad de una reconsideración de la sentencia, tras la presentación de una denuncia por parte de la organización civil Republican Action for Argentina (RAFA). El Gobierno argentino avaló ese pedido en un documento presentado a última hora del martes.

La solicitud de revisión se basa en una denuncia de fraude ante la justicia estadounidense, que sostiene que la «argentinización» de YPF en 2008 fue una maniobra encubierta entre Cristina Kirchner y Enrique Eskenazi, entonces dueño del Grupo Petersen. Según esta hipótesis, la compra del 25% de las acciones de la petrolera por parte de Eskenazi habría contado con el aval del kirchnerismo, pero en 2012, cuando el gobierno de Cristina Fernández expropió las acciones de Repsol, dejó fuera de la indemnización al empresario.

El Grupo Petersen vendió posteriormente sus derechos de litigio a los fondos Burford y Eton Park, que iniciaron el reclamo en Nueva York y obtuvieron un fallo favorable.

El lunes pasado, el abogado argentino Fernando Irazu, titular de RAFA, presentó una «Moción de la Regla 60», un recurso que permite solicitar la anulación de una sentencia cuando surgen pruebas que no estaban disponibles en el momento del juicio. Contra todo pronóstico, la jueza Preska aceptó analizar el pedido y giró la documentación a las partes para que opinen al respecto.